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dependía del económico y viceversa, constituyendo un
antecedente de lo que en las décadas del ’40 y ’50 fue
conocido como el pensamiento o paradigma desarrollista-
modernizador.
  El fin de la Primera Guerra Mundial abrió un contexto
histórico desde el que surgieron una serie de propuestas
relacionadas con el desarrollo de las industrias locales y la
consiguiente formación de mano de obra calificada. Tras la
crisis de 1929, estas propuestas fueron abandonando sus
posiciones marginales de inicios de los ’20 en la economía
política nacional, siendo progresivamente asumidas
como proyectos de desarrollo nacional y correctores de
las deficiencias del modelo de exportaciones primarias,
proceso que maduró y fue impulsado durante el transcurso
de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, entre el
término de la Primera Guerra en 1919 y el fin de la Segunda
en 1945, mediando la crisis del 1929, las ideas referidas
al desarrollo de la industria y a la educación técnica como
sustento de ésta, pasaron de una condición de marginalidad
a ser ejecutadas por el aparato estatal.
  En general, las medidas económicas pasaron por
instalar elementos reguladores a la libre relación entre
oferta y demanda, concibiendo al Estado como un agente
económico con atribuciones de planificación y fomento.
Ésta fue una concepción compartida por los diversos actores
sociales reunidos en torno al desarrollo de la industria
local, que resaltó como una solución plausible a la crisis.
Sin embargo, en este marco de ideas donde el Estado y
la industrialización aparecían como las variables a conjugar,
deben reconocerse múltiples matices, que dependen
del actor social o colectivo que elabora sus propuestas,
y que serán analizadas con detenimiento en el apartado
referido a las divergencias entre quienes participaron de
las discusiones. Al reconocimiento de la capacidad del
aparato estatal para planificar y fomentar los procesos de
industrialización que cobró fuerza hacia fines de la década de
1930, debe adosarse la función del Estado como facilitador
de las inversiones de empresarios mediante el desarrollo
de favorables condiciones crediticias, constituyéndose en
un garante de ellas. Este último elemento implicó a su vez
un reforzamiento de las relaciones entre el Estado y los
empresarios, cuyo primer envión hacia su institucionalización
como agentes del desarrollo industrial puede encontrarse
hacia 1924, cuando el entonces Presidente de la República,
Arturo Alessandri Palma, definió en su Mensaje Presidencial
a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) como “la
institución representante del sector fabril”
1
, reconociendo
a dicha agrupación gremial como el principal interlocutor
entre el gobierno y los empresarios, lo que redundó en el
posicionamiento de los asociados en cargos públicos, con
la consiguiente influencia en las políticas industrializadoras
y participación en las discusiones referidas a la educación
técnica de nivel superior para sustentar los procesos de
calificación de mano de obra. Por tanto, las discusiones
sostenidas en el Congreso Nacional deben comprenderse
no sólo a la luz de los intereses y proyectos de los partidos
políticos que cada parlamentario representaba, sino que
también a partir de sus relaciones con determinados
grupos de interés y sus vínculos con otros actores sociales,
lo que incorpora una complejidad más al análisis de las
convergencias y distanciamientos a analizar.
3.2.La necesidad de reformular el sistema de
educación técnica: La demanda por fundar una
institución de educación superior
  Un segundo elemento de convergencia radicó en la
necesidad de capacitar a la población para hacerse cargo de
los procesos de industrialización. Al igual que el problema
del fomento de la industria para el desarrollo económico-
1.Alessandri Palma, A. (1924)
Mensaje Presidencial
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