Página 91 - La democracia cristiana y el gobierno de Allende

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posibilidades de jugar un rol decisivo en los momentos cruciales. El Partido
Socialista, Carlos Altamirano, mi querido amigo Carlos Lazo, hoy fallecido, que
estaba encargado por el PS de las relaciones con las Fuerzas Armadas,
plantearon en diversos momentos que el Presidente hiciera uso de sus facultades
constitucionales y exonerara de las filas a aquellos uniformados sin sólidas
convicciones profesionales y democráticas. Allende debió equilibrar esta
perspectiva con el deseo de consolidar una relación positiva con el General Prats
y los altos mandos, indispensable para enfrentar un proceso político y social que
tenía las características de un torbellino.
3. He intentando en pinceladas, nada más, presentar mi propia visión del
período que examina Ricardo Hormazábal. Los años siguientes fueron dolorosos
pero políticamente importantes. Primero, la autocrítica de la izquierda y una
cierta hibernación de la DC, que se activa con fuerza a partir del falso plebiscito
de 1980. En 1979 ocurren la división del PS, el desarrollo de la “renovación”
socialista, el giro en la política del PC que comienza a impulsar la insurrección
popular y la lucha armada. Luego ocurren las protestas, en las que la oposición
se encuentra en la lucha, más allá de las discrepancias. Democristianos y
socialistas, trabajosamente, tratan de construir un reencuentro entre, para usar
etiquetas simples, el centro y la izquierda. Pero el PC va quedando aislado, más
todavía al fracasar su política insurreccional. El plebiscito de 1988 y la elección
de Aylwin son los últimos acontecimientos en que la DC y la izquierda votan por
la misma opción.
La Concertación realiza, sin duda, una gran contribución. Evita derramamientos
de sangre, reestablece las libertades básicas, logra algunos avances en materia
de derechos humanos, reimplanta la idea de equidad social, impulsa una
trascendente obra modernizadora del Estado, de la judicatura, de la
infraestructura del país. La transición habría sido imposible sin el aporte conjunto
de democristianos y socialistas. Pero la Concertación padece, también, enormes
limitaciones en su acción: es ambigua e indecisa en materia de derechos
humanos, no marca claramente líneas divisorias con la derecha, es severamente
limitada por la política de los consensos, no enfrenta el fenómeno de la
indiferencia de los jóvenes, no aparece en una clara posición de rechazo al
predominio de la “razón de mercado” en la sociedad chilena. Se niega a sí misma
y contribuye a la apatía y a la indiferenciación política cuando interviene, más
allá de las obligaciones jurídicas del Estado chileno, para traer de vuelta a
Pinochet desde Inglaterra.
En lo político, la Concertación carga con una grave responsabilidad. Por una
parte denuncia el sistema binominal por su carácter excluyente, por la otra no
opera para corregir de hecho sus efectos. La exclusión de la izquierda no
concertacionista se convierte en un dato. Ahora bien, si la Concertación es
contraria a las exclusiones no ha debido escudarse en la falta de voluntad de la
derecha para modificar el sistema electoral y ha debido adoptar las medidas para
posibilitar la no exclusión. En esta materia la principal responsabilidad recae en
la Democracia Cristiana.