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Nº 2 octubre 2014 / El Paracaídas
El eufemismo del suicidio asistido no
es más que una protección jurídica para
descargar al médico que ayuda a morir
de toda posible imputación de respon-
sabilidad. Su inadecuación reside en
que mezcla suicidio y eutanasia, cuyos
fundamentos semánticos, conceptuales
y ante todo jurídicos, son inadmisibles.
En el suicidio coinciden decisor y eje-
cutor, en la eutanasia el decisor es el
afectado, pero el ejecutor es otro agente,
con lo cual un asunto de orden exis-
tencial –disponer de la propia vida-, ha
de ser también uno de orden jurídico
porque el término voluntario de la vida
debe ser realizado por otro. El suicidio
médicamente asistido pretende soslayar
dos aspectos jurídicos esenciales: la alte-
ridad (decisión y ejecución no recaen en
una misma persona) y el paso inevitable
de compartir el espacio privado con el
público y político.Ni el individuo puede
determinar que otro cumpla su solici-
tud, ni la ley puede imponer normativas
sobre el mundo privado y los derechos
llamados personalísimos.
Lo que está en debate es si acaso la
sociedad puede coartar la voluntad
autónoma inherente al ser huma-
no cuando solicita terminar con una
vida de padecimiento intolerable. La
sociedad y las doctrinas que alberga y
respeta han perdido la autoridad mo-
ral para dictaminar al respecto, por
cuanto la historia da amplios ejem-
plos del sacrificio de vidas humanas
en aras de algún “bien superior”: gue-
rras santas defendiendo valores como
democracia, libertad, humanidad, in-
quisiciones, pena de muerte, son todos
ejemplos, dudosamente legitimados,
que al menos dejan en claro cómo la
santidad de la vida ha sido siempre re-
lativa a otros valores.
Es preciso revisar si conceptos como
derecho, autonomía, dignidad pueden
lograr suficiente univocidad para in-
gresar sin ambigüedades al debate. De
inicio, no lo logra el término dignidad,
por cuanto muerte digna es referido
por unos al proceso de muerte no in-
terferido, mientras para otros, por el
contrario, la dignidad sólo se preserva
si la persona elige el cuándo y cómo
morir. Hay un uso falaz de la idea de
derecho, que por definición es faculta-
tivo y no obligatorio, so pena de con-
vertirlo en deber: de allí que el dere-
cho a la vida o el derecho a morir sean
frases emblemáticas pero carentes de
contenido. Nuestra cultura actual ha-
bla de derechos, rara vez de deberes.
¿Derecho a morir? ¿Derecho a vivir?
La decisión de solicitar eutanasia es
la más dramática que enfrenta la exis-
tencia humana ante la cual ninguna
doctrina o política tiene legitimidad
para limitar la competencia decisional
de la persona más allá de lo necesario
para impedir daños a otros. La delibe-
ración ha de centrarse en la legitima-
ción social para regular la ejecución de
la solicitud del padeciente.
Nuestra sociedad, nuestras universida-
des, tienen a lo muy menos el deber de
abrir el debate.
* Director Unidad de Bioética y Pensamiento Biomédico. Escuela Salud Pública, Universidad de Chile.
