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mita cumplir con metas acordes a dicho financiamiento. Como
las Universidades Complejas ya están cumpliendo ciertas metas
(nadie puede desconocer el liderazgo y la productividad de la
Universidad de Chile, por ejemplo), es más que razonable que
la universidad sea la que estime cuánto cuesta cumplir dichas
metas adicionales a la educación de pregrado y posgrado, y que
si el Estado quiere que esas metas se sigan cumpliendo, entonces
garantizar la transferencia de los recursos que permitan mante-
ner dichas metas.
Enfrascarnos en querer medir de manera permanente cuánta
investigación se está haciendo o cuanta extensión una uni-
versidad realiza para poder sacar números e indicadores es
invitar a aumentar el aparataje administrativo burocrático de
las instituciones, además de correr el riesgo de que las acti-
vidades sean todas moldeadas por la “indicadoritis” de moda,
tal como ocurrió desde la década de los ‘90 con los indica-
dores usados para financiar la educación escolar (asistencia y
matrícula), llevando a que las salas de clases de los colegios
subvencionados tuvieran hasta 60 alumnos por clase y fal-
seando toda la asistencia del año.
Efectivamente el financiamiento integral de los aparatos es-
tatales (ministerios, intendencias y universidades) presenta el
riesgo de que una fracción de los recursos no sea tan produc-
tivo (si no veamos la productividad de los honorables en el
Congreso). Pero ese es un fenómeno previsto y delimitable
inclusive en los países desarrollados, en donde prefieren pagar
dicho precio antes que estar creando una instancia de medi-
ción para cada cosa que hace cada empleado en cada oficina
de cada servicio de cada ministerio.
La Universidad de Chile tiene una resiliencia demostrada
que la llevará a resistir esquemas de financiamiento tecnocrá-
ticos y poco realistas, pero sería lamentable que por ese tipo
de decisiones la calidad de la formación de nuestros futuros
profesionales sea afectada. La gratuidad de la educación uni-
versitaria no se refiere solamente a quién paga el arancel: se
trata de eliminar el concepto de arancel, por lo tanto sería
bueno que de una vez por todas el Mineduc nos aclarara,
¿cuál gratuidad va a contemplar su proyecto de ley para re-
formar la educación superior?
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Nº 8 junio 2015 / El Paracaídas
La Universidad de Chile tiene una
resiliencia demostrada que la llevará
a resistir esquemas de financiamiento
tecnocráticos y poco realistas, pero sería
lamentable que por ese tipo de decisiones
la calidad de la formación de nuestros
futuros profesionales sea afectada.