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El Paracaídas / Nº 8 junio 2015
S
i bien los anuncios en educa-
ción de la presidenta Bachelet
el pasado 21 de mayo se refie-
ren a medidas concretas para
fomentar la igualdad de oportunidades
entre los estudiantes universitarios y
para desincentivar el lucro por parte
de las instituciones de educación su-
perior, aún faltan conversaciones más
de fondo que aborden las cuestiones
de calidad y gratuidad en este nivel de
educación y que permitan dar cuenta
de un proyecto país hacia el que se di-
rigen y en torno al cual se articulan las
políticas públicas en educación. En un
país como Chile y en una región fuer-
temente segmentada y estratificada, el
proyecto de nuestro país debiera apun-
tar a una sociedad más igualitaria.
La gratuidad es un tema que está sien-
do fuertemente debatido y que divide
a académicos, políticos, estudiantes y
a la población en general. ¿Gratuidad
para todos? Desde la perspectiva de
la mayoría de los estudiantes parecie-
ra que sí, incluso para los que pueden
costearla. ¿Gratuidad para las univer-
sidades que cumplen con un rol pú-
blico? Esto es lo que sugieren algunos
académicos e intelectuales, aunque las
definiciones sobre el rol público de las
universidades son ambiguas.
En el último número de El Paracaídas
algunos políticos y académicos señalaban
que el Estado habría de financiar univer-
sidades privadas, siempre y cuando cum-
plan con un rol público. Este rol público
es definido allí de dos diferentes mane-
ras: se equipara lo público como sistema
de democracia interna de la universidad,
o bien se le define
como creación de
espacios públicos.
Pero la literatu-
ra especializada
dice que hay mu-
chas más defini-
ciones de la di-
mensión pública
de la universidad
que son impor-
tantes de discutir y que están lejos de
generar consenso. Pongamos un ejem-
plo: el caso de una universidad privada
que se define a sí misma como una uni-
versidad con un rol público -muchas
universidades privadas se definen en
esos términos- y en que la mayoría de
sus estudiantes provienen de los quin-
tiles más ricos del país. ¿Tendría que
transferir dinero el Estado a estas uni-
versidades considerando que existen
otras universidades -estatales o priva-
das post años ’80- o institutos profe-
sionales que reciben en su mayoría es-
tudiantes de los quintiles más pobres?
Si lo que Chile quiere como proyecto
de país es promover una sociedad más
igualitaria, ¿no tendrían que recibir
estas instituciones de educación supe-
rior una atención preferencial y, en tal
sentido, los estudiantes acceder a una
educación gratuita?
Si es que el gobierno realmente quie-
re impulsar reformas educativas que
promuevan un país más igualitario, lo
primero es que el Estado debe hacerse
Por Carolina Guzmán Valenzuela*
Reforma de la Educación Superior en Chile:
LA DIMENSIÓN
PÚBLICA DE
LA UNIVERSIDAD
*Investigadora del Centro Avanzado de Investigación en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile e investigadora
responsable del proyecto Fondecyt 1141271 ‘Universidades del Chile contemporáneo: en búsqueda del sentido de lo público’.
Hay un gran sector del país que no es partidario de
que las instituciones de elite reciban a ‘estudiantes
desventajados’. Al fin y al cabo, contar con una elite
permite crear un grupo pequeño, no masificado y
diferenciar aquello que es mejor de lo peor.