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Nº 8 junio 2015 / El Paracaídas
que a algunas de estas últimas las ha
movido el lucro.
Cuando señalo que el Estado debe
hacerse cargo de sus universidades, no
me refiero a entregar recursos contra
resultados sino que a garantizar un
financiamiento base mínimo y pro-
porcionalmente igualitario a todas sus
universidades estatales, que les permita
realizar sus tareas clásicas de docencia,
investigación y extensión con estánda-
res mínimos de calidad.
Aquí no concuerdo con el argumento
de que algunas universidades estatales
reciben más fondos pues hacen más in-
vestigación o actividades de extensión.
Lo anterior ha llevado a la creación de
un sistema estratificado de universida-
des estatales en la que unas sólo se de-
dican a la docencia -y con suerte reali-
zan algunas actividades de vinculación
con el medio- y otras son consideradas
universidades complejas pues realizan
no sólo estas tareas sino que también
investigación y aportes a la sociedad en
términos artísticos. Hemos creado un
sistema de universidades estatales eli-
tista y segregador que lo que hace más
bien es reproducir la estratificación so-
cial del país, en lugar de intentar pro-
mover una sociedad más igualitaria.
En un país como Chile, donde las ar-
cas fiscales son limitadas, el Estado no
podría entregar recursos ilimitados a
sus universidades estatales sin regular
qué tipo de educación se está entre-
gando o el nivel de investigación que
se está realizando. Aquí el Estado tie-
ne el deber de fiscalizar, regular; ésta
es parte de su tarea, velar porque las
instituciones de educación superior
sean instituciones de calidad.
En el caso de las universidades priva-
das -sean tradicionales o no, y reciban
o no recursos del Estado- así como de
los institutos profesionales y centros de
formación técnica, también el Estado
debe ejercer un rol regulador. No ol-
videmos que las instituciones privadas
de educación superior han ayudado a
expandir este nivel educativo de mane-
ra considerable pero, por lo mismo, se
hacen necesarios mecanismos de con-
trol de excelencia educativo rigurosos
y adecuados a cada realidad, distinto al
sistema de acreditación actual que ha
resultado defectuoso y corruptible.
Hace poco, en la preparación de un
simposio sobre el rol público de las uni-
versidades, un colega finlandés experto
en educación superior enunció que las
universidades privadas en el contexto
nórdico se definen como ‘universidades
independientes’ más que como provee-
dores privados de educación superior.
Estas universidades están fuertemente
reguladas por el Estado. Sabemos que
el caso nórdico es lejano al chileno –
por el tipo de economía y relaciones
entre el Estado, la educación superior y
lo privado-, pero si realmente se quie-
re calidad de la educación superior, se
ha de contar con criterios mínimos
cargo de una educación de excelencia de
todos sus ciudadanos. Y hacerse cargo
no necesariamente significa gratuidad.
Por supuesto que involucra un aspecto
financiero, pero también uno regulativo,
de regulación de la calidad educativa.
En el aspecto financiero, lo primero es
que el Estado debe hacerse cargo de sus
universidades estatales. Una definición
de lo público proviene de la economía
y señala que lo público guarda relación
con cuestiones de propiedad y financia-
miento. Si yo soy el dueño en términos
legales, entonces, debo hacerme cargo
de aquello que es de mi propiedad. Sin
embargo, desde los años 80, el Estado
no ha cumplido con su rol de propieta-
rio de las universidades estatales. Más
bien las ha abandonado y las ha dejado
expuestas al mercado y las ha incentiva-
do a competir con rivales con muchos
más recursos, como los privados.
En esas circunstancias, las universida-
des estatales han tenido que sobrevivir
y, literalmente, comercializar produc-
tos educativos ya sea creando carreras
de pregrado y programas de postgrado,
aumentando matrículas, creando cam-
pus y vendiendo servicios, cuestiones de
las que han sido cómplices muchos aca-
démicos, algunos con la excusa de que
deben complementar sus sueldos. Así,
las universidades estatales han estado
compitiendo con universidades priva-
das -especialmente con algunas post
80- en la venta de servicios educativos.
Algunos dirían que con la diferencia de
Las instituciones de educación superior con un sentido público tienen como
misión no sólo el aumento del capital cultural de los individuos sino que
también el compromiso de mejorar la sociedad nacional y global.