43 / 56
41
Nº 8 junio 2015 / El Paracaídas
irremisiblemente obligadas a adoptar criterios propios de
instituciones privadas.
Otro punto es el aseguramiento de ciertas tareas esenciales de
la educación pública. A pesar del debilitamiento de la educa-
ción superior pública que ha ocurrido en nuestro país, es de
la esencia de ésta última el hacerse cargo de las orientaciones
fundamentales hacia el mérito y la equidad. En concreto, esto
implica resolver la tensión entre la inversión en mérito y el
gasto en equidad.
Por otra parte, es también propio de esta educación hacerse
cargo de modo preferente de la producción de bienes pú-
blicos, lo cual implica, también en concreto, resolver la ten-
sión entre programas con alta valoración en el mercado de
las profesiones y actividades y programas con alto retorno
social pero con bajo retorno económico, que están fuera de
ese mercado. El Estado debe proveer de reglas y recursos para
el logro de esas orientaciones fundamentales.
El embudo del acceso: aminorada la presión poblacional
de la demanda debido a la dinámica de la transición de-
mográfica, se nota tal vez con más claridad en esta fase de
masificación avanzada el arrastre inercial que proviene de
la educación media y que cuestiona gravemente la equidad
efectiva en el acceso al sistema.
Mientras persista la porfiada correlación entre el puntaje de
la prueba nacional de ingreso (PSU) y la condición socioe-
conómica del postulante, que está ampliamente documenta-
da en el caso chileno, el sistema seguirá con un embudo de
acceso discriminado que bien puede poner en entredicho la
sostenibilidad social del sistema.
En este contexto es necesario abordar el tema de la gratuidad
que es hoy prioritario en la agenda pública. La complejidad
operacional de este tema excede los límites de este artículo.
No obstante, nos parece que se pueden establecer como pre-
supuestos básicos, que la gratuidad debe situarse en el nivel
de las instituciones y no de los usuarios, que debe extenderse
al pregrado y que tiene que comenzar en la educación su-
perior estatal. Claramente estos presupuestos conllevan la
necesidad de revisar toda la política de financiamiento basal
al pregrado, así como la política y los instrumentos de finan-
ciamiento estudiantil y de determinación de aranceles.
Las disparidades de calidad de las ofertas de programas de
formación es un problema que inescapablemente se presenta
en sistemas con instituciones altamente segmentadas como
es el caso chileno y es particularmente serio en el nivel del
pregrado. Instituciones que se encuentran en las segmentos
más precarios del sistema tienen que adoptar estrategias de
sostenimiento y apuntalamiento institucional abriendo la
Mientras persista la porfiada correlación entre el puntaje de la prueba
nacional de ingreso y la condición socioeconómica del postulante, el
sistema seguirá con un embudo de acceso discriminado que bien puede
poner en entredicho la sostenibilidad social del sistema.