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decir, fijó su posición desde una mirada liberal
coincidente con la postura promovida por Liber-
tad y Desarrollo, vinculada a la UDI. Esta mirada
instrumental de la migración que subordina los
derechos de esta población al aporte que realizan
a la sociedad, aunque cuestionable en sus funda-
mentos y anti-democrática en sus consecuencias,
al menos es un estímulo al debate.
Pocas propuestas han habido desde la izquierda y
de aquellos actores que venimos promoviendo un
enfoque de derechos humanos para fundamentar
la política migratoria. Destaca el trabajo de orga-
nizaciones de migrantes como el MAM o la Coor-
dinadora Nacional de Inmigrantes, y otras como
el Servicio Jesuita de los Migrantes. Esta ausen-
cia tiene que ver con la dificultad para traducir
dicho enfoque en criterios, principios y normas
que permitan orientar la acción. Sin la pretensión
de agotar ninguna discusión, pero sí con la vo-
luntad de sacar el debate del instrumentalismo, es
que expongo algunos principios y criterios para la
formulación de una propuesta de ley migratoria
desde un enfoque basado en los derechos huma-
nos universales.
El primer principio es la incondicionalidad en el
acceso a todos los derechos cívicos, sociales y cul-
turales para los ciudadanos extranjeros residentes
en Chile. Esto supone no condicionar el recono-
cimiento de estos derechos a la situación adminis-
trativa de los migrantes y ligarlos, en el articulado
de la ley, a los derechos humanos. Tanto el proyec-
to presentado por la administración Piñera como
el borrador del proyecto formulado por la actual
declaran la necesidad de fundamentar la ley en
este enfoque, pero ninguna de las dos propuestas
recoge esas declaraciones en su articulado.
El segundo apunta a establecer como única con-
dicionalidad para el acceso a derechos políticos el
tiempo de residencia en Chile. Es necesario con-
sensuar el tiempo óptimo para que los ciudada-
nos extranjeros accedan al voto en las elecciones
generales y locales, y a ocupar cargos públicos de
representación popular. La propuesta es que este
periodo no supere los tres años de residencia con-
tinua. Hoy la Constitución otorga a los extranje-
ros el derecho a votar en todas las elecciones tras
cinco años de “avecindamiento”. El Servel inter-
preta “avecindamiento” como cinco años de resi-
dencia definitiva, lo que implica que los migrantes
pueden votar en Chile, en el mejor de los casos,
luego de siete años de residencia efectiva.
En tercer lugar se debe garantizar homogeneidad
en los requisitos exigidos para el acceso a los dere-
chos y bienes sociales de los distintos colectivos de
ciudadanos extranjeros. No se pueden consagrar
desigualdades entre colectivos nacionales, abrien-
do la posibilidad para que el predominio de prin-
cipios como el de la “reciprocidad” u otros defini-
dos discrecionalmente por la autoridad afecten a
colectivos nacionales específicos. Una ley fundada
en los derechos humanos no puede institucionali-
zar una discriminación por nacionalidad.
Como cuarta cuestión es importante simplificar
las categorías migratorias. La multiplicación de
visados aumenta la probabilidad de quedar en
situación irregular o transitoria, los trámites ad-
ministrativos, el costo de los procedimientos y di-
ficulta el acceso al trabajo, pues los empleadores
prefieren a migrantes con permiso de residencia
definitiva sobre aquellos involucrados en procedi-
mientos transitorios. Los migrantes deberían po-
der ingresar al país con una “visa poli-funcional”
que les permita realizar cualquier actividad legal
remunerada o no (estudios, trabajo, trabajo tem-
poral, etc.) por un periodo de un año, renovable
por un segundo al cabo del cual podrían optar a la
residencia definitiva.
En quinto lugar, la ley debiera garantizar la posi-
bilidad de cambiar de categoría migratoria con la
exclusiva condición de la temporalidad. Las visas
que permiten el ingreso pero impiden el tránsito
hacia otra categoría incentivan la irregularidad.
La crudeza visible en 2015 es el punto cúlmine de una represión
migratoria aplicada, con ciertos matices, por la mayoría de los países
desarrollados receptores de migrantes. Las diferencias, más que
divergencias sustantivas, dan cuenta de estrategias distintas para
gestionar la demanda estructural de fuerza de trabajo migrante.
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Dossier / Nº4 2017 / P.P.