se hayan reunido los directores jurídicos de todas
las facultades para evaluar cómo pueden contribuir
a la reforma.
Lo primero que hay que celebrar es el hecho de que
exista un proyecto y que éste se presente a discusión
parlamentaria. Uno puede o no estar de acuerdo con
él, podrá tener que modificarse todo lo que sea nece-
sario, pero lo crucial es que desde 1981 no teníamos
una oportunidad de discutir un proyecto acerca de
estas cuestiones.
La Universidad de Chile ya demostró que podía vi-
vir y sobrevivir en un mundo tan disfuncional como
uno pueda imaginar respecto a los principios a par-
tir de los cuales se fundó. Ahora, finalmente, podre-
mos incidir en la realidad en la cual queremos vivir,
en qué sistema de Educación Superior queremos
para Chile. Es por eso que mucho más allá de que el
proyecto de ley sea bueno, malo, de cuán limitado
nos pueda parecer, estamos viviendo un momento
de alegría, pues desde ahora, en vez de tener que
adaptarnos a lo que nos señalen, podremos abrir ca-
minos para definir en qué mundos queremos vivir.
No quisiera abundar en los orígenes de nuestro ac-
tual sistema educacional. Considero que es el futuro
el que nos convoca con formidables interrogantes:
cómo cambiamos la distribución de la matrícula y
logramos que ella sea pertinente a las necesidades de
la sociedad; cómo imponemos una forma de enten-
der el vínculo entre el desarrollo del país y la oferta
de carreras por parte de las distintas universidades;
qué implica eliminar sistemas de financiamiento
como el CAE y cómo fortalecemos la Educación
Superior estatal; cómo evitamos la desaparición del
Aporte Fiscal Directo; cómo equiparamos las con-
diciones administrativas respecto al financiamiento
que las otras universidades reciben del propio Esta-
do; cómo revertimos esta percepción absurda de que
para el resto del sistema constituya una amenaza que
“se le dé un peso más” a una universidad estatal.
La educación pública es, por esencia, la instancia en
la cual todos los sectores políticos e ideológicos han
de sentirse llamados a participar generosamente y
contribuir a un proyecto común. Es, en definitiva, la
principal instancia que garantiza la cohesión del país
y la permanencia de la nación como una entidad
convocante de identidad. Es por esta trascendencia
que nos interesa hablar de la universidad del futuro
y no perdernos en redundar acerca de lo muy mal
que están las cosas hoy.
Pienso que en esa discusión de futuro un tema muy
importante es el de la noción de universidad pú-
blica. Debemos devolver su significado a la expre-
sión
universidad pública
. Las definiciones explicitan
un género próximo y una diferencia especifica. La
Universidad de Chile es un plantel, como muchos
otros, y es público, lo que le da una connotación di-
ferenciadora en el concierto de las universidades. Es
nuestro sello de identidad, como para una persona
podría serlo su nacionalidad. Hay un concepto de
universidad pública que es distinto al de las univer-
sidades privadas. Es un asunto conceptual de fondo
que no puede ser confundido con un tema distinto:
cómo se distribuyen los recursos públicos, quiénes
tienen derecho a recibirlos, en qué medida y en qué
condiciones. Por el contrario, de lo que se trata es
“Ahora, finalmente, podremos incidir en la realidad en la cual queremos
vivir, en qué sistema de Educación Superior queremos para Chile”.
P.52
P.P. / Nº2 2016 / Dossier