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sultan perversos, como los subsidios de gratuidad o
vouchers
, y el propio Crédito con Aval del Estado
(CAE), que es repartido entre los bancos y las insti-
tuciones apuntadas.
Como se sabe, el pensamiento social advierte que los
modernos mercados van más allá del afán de lucro
tradicional comercial pre-capitalista. Al depender la
ganancia de la creación de valor para el mercado y la
competencia, los empresarios se orientan, más que
al simple lucro comercial de “comprar barato y ven-
der caro”, a la creación activa de valor, al punto de
generar una nueva ética de la ganancia. Es ahí donde
el moderno empresariado se separa de la aristocracia
o de las estafas corrientes, al perseguir el acrecenta-
miento del valor en la producción y, con él, la ra-
cionalización y mejoramiento de su actividad. Es la
ética de la economía moderna.
Los economistas de la Educación Superior han vincu-
lado el valor agregado en educación a su “calidad”. Sin
embargo, incluso desde tal perspectiva mercantil, la
ausencia de calidad observada en la educación privada
masiva y lucrativa demuestra que los efectos virtuosos
de los mercados no se producen en Chile. La nuestra
es, pues, una mercantilización
sui generis
. Beneficia a
instituciones que no necesitan invertir en calidad, ya
que sus principales fuentes de acumulación son estata-
les, las que se rigen por una focalización socioeconómi-
ca y no por la mentada calidad. Por ello les resulta más
rentable canalizar su empeño en el lobby y la presión
sobre las autoridades estatales. El resultado es una renta
privada sobre la base de recursos públicos, que crece y
no ofrece calidad. En definitiva, una gran estafa que
corre con cargo a las familias y al Fisco.
Este duro diagnóstico es imposible de ser reducido
al eje derecha-izquierda. El negocio de la Educa-
ción Superior y sus intereses no involucra sólo a los
partidos de derecha tradicional o al conservaduris-
mo de la Democracia Cristiana, como usualmente
se presenta. Independientemente de que existan al
interior de la Concertación voluntades transforma-
doras, partidos de esta coalición, autodenominados
progresistas, como el PPD, reúnen a varios de los
principales gestores del lucro en la educación chile-
na, dejando ver un vínculo orgánico entre los inte-
reses privados y la propia Concertación.
Esta imbricación de intereses explica la hegemonía
de una educación privada masiva y lucrativa. Las
presiones de estos grupos de interés han permitido
que se imponga una “igualdad de trato” entre enti-
dades estatales y privadas. También han contribui-
do a poner fin a los aportes basales, trocándolos en
aportes basales por desempeño -que no son ni basa-
les, ni se designan por desempeño- que se negocian
y ponderan. Han permitido que se reduzca lo esen-
cial del financiamiento de la Educación Superior al
voucher
, llamado mañosamente gratuidad, y que la
fijación de sus montos la lleven a cabo tecnocracias
controladas, que son financiadas con presupuesto
público, de libre disposición y con elevados salarios.
En este escenario se produce una expropiación de la
capacidad de los académicos y de las instituciones
de elaboración de políticas para el desarrollo de su
institución y de sus mecanismos de admisión.
La Universidad de Chile tiene una especial respon-
sabilidad en el futuro de la educación pública. En
condiciones de exiguo liderazgo político y contra-
dictorios intereses, emana la exigencia de contribuir
a trazar un horizonte general que evite la suma de
reformas parciales carentes de ello y, al mismo tiem-
po, la necesidad de advertir un camino posible, que
logre iniciar esa transformación efectiva, inevitable-
mente gradual, pero capaz de comenzar a revertir 40
años de avance neoliberal sobre la educación en ge-
neral y la Educación Superior en particular. Al mis-
mo tiempo que advertir los horizontes de sentido,
el liderazgo de nuestra institución precisa -evitando
el estéril maximalismo inflexible- salvaguardar esta
posibilidad histórica que ha abierto el clamor de la
sociedad. Su culminación plena no está al alcance
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Dossier / Nº2 2016 / P.P.