52 / 68
inmediato y esta consideración debe presidir nues-
tro empeño, conduciendo a un proceso progresivo
de desmantelamiento de la mercantilización de la
Educación Superior, reconstruyendo una hegemo-
nía pública y democrática sobre la misma.
Uno de los elementos fundamentales para iniciar este
proceso es la ampliación de la matrícula pública. Ello
requiere consensuar la necesidad de perfilar un sis-
tema mixto -estatal y privado- pero con hegemonía
pública en la matrícula. Una expansión de cupos pú-
blicos y gratuitos -controlados de forma colaborativa
y seria- que mejore la calidad y la docencia. Junto con
esto, deben crecer las plantas académicas de las ins-
tituciones que más producen cultura e investigación
en el país. Bajo una política de transición gradual, los
recursos para ello pueden provenir del aporte directo
-fijado por una nueva ley y no vía
voucher
- como de
otras áreas que contempla la ley de presupuesto. Es
posible aspirar a que al final de la década las institu-
ciones públicas tengan al menos el 50% de la matrí-
cula total en la Educación Superior.
Tal curso debe cautelar un riesgo: en defensa de una
educación pública, gratuita y de calidad podemos
terminar olvidando a los estudiantes -y sus fami-
lias- que con mayor dificultad han accedido a este
desregulado y estafador sistema. Son estos nuevos
estudiantes los que quedan en situaciones de ma-
yor incertidumbre y es allí donde una resistencia
corporativa de las universidades estatales puede ir
en desmedro de nuestro objetivo. En la protección
a esos estudiantes más expuestos a la mala y cara
oferta educacional, las instituciones estatales deben
mostrar su vocación pública que, a estas alturas del
conflicto -bien se sabe-, no se considera un atributo
a priori y debe demostrarse ante la sociedad. Cola-
borar en este proceso es una tarea de la que no es
posible abstraerse. Ello requiere un plan nacional de
movilidad estudiantil que garantice el derecho a la
educación de los estudiantes que cursan estudios en
las instituciones privadas investigadas por lucro, con
baja acreditación y que corren riesgo de clausura.
Como fórmula complementaria de la expansión de
la matrícula en las instituciones públicas, dichos es-
tudiantes podrían continuar sus estudios en univer-
sidades del Consejo de Rectores, de manera directa
y por derecho propio, egresando con el título en la
institución a la cual llegan. El Estado debe proveer
los recursos para que las universidades puedan cum-
plir esta tarea. Esto no necesita una ley, basta con
un trabajo en conjunto entre actores sociales de la
educación y el Ejecutivo.
Por último, es necesario avanzar en la regulación y
democratización interna de las instituciones priva-
das. Es preciso establecer una efectiva fiscalización
de los recursos estatales destinados al sector privado
-a través de Contraloría, transparencia, fin al lucro,
etcétera- y a las instituciones que reciban estos apor-
tes, dado que las ayudas estudiantiles no desapa-
recerán de inmediato. Del mismo modo, hay que
iniciar una democratización de la Educación Supe-
rior que establezca la participación no sólo de los
estudiantes, sino de toda la comunidad dentro de
las instituciones. La participación general -académi-
cos incluidos- en la definición de políticas internas
es muy baja. No es posible iniciar un cambio real
sin democratización (la derogación del DFL-2 es un
avance, pero insuficiente). En las instituciones es-
tatales hay que asegurar la triestamentalidad en los
órganos de gobierno y buscar que estos modelos se
adopten en las instituciones que colaboran con la
función pública, en especial privadas.
Los obstáculos y dificultades para una reforma educa-
cional efectiva en nuestro país son hoy considerables,
pero las posibilidades existen y, con ello, la necesidad
de advertir formas de avanzar. La Universidad de Chile
tiene una responsabilidad de liderazgo en un cambio
de la educación en nuestro país, en el sentido público
que ha reclamado abiertamente la sociedad.
“Las presiones de ciertos grupos de interés han
permitido que se imponga una ‘igualdad de trato’ entre
entidades estatales y privadas. También han contribuido
a poner fin a los aportes basales, trocándolos en aportes
basales por desempeño -que no son ni basales, ni se
designan por desempeño- que se negocian y ponderan”.
P.50
P.P. / Nº2 2016 / Dossier