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das, en opinión de Fernando Carvallo, director del
Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile (Cefech), “para presen-
tar este paquete de normas que los incluye sólo para
subsanar los déficit de la implementación de los sis-
temas anteriores”.
Entre los reacios al proyecto del Gobierno encabe-
zaron la negativa los rectores de las universidades
estatales, apoyados por más de 40 senadores y dipu-
tados oficialistas e independientes que les prestaron
su respaldo para abogar por que esta ley disponga de
un programa específico para potenciar la Educación
Superior estatal, consolidando instituciones com-
plejas que incluyan docencia y provisión de otros
bienes públicos.
Pocas son las voces conformes con esta iniciativa que
queda finalmente en manos de los parlamentarios,
quienes deberán zanjar el futuro de la Educación
Superior de nuestro país.
¿Reforma o ajuste?
El problema, según Carvallo, es la brecha entre la
expectativa causada por el anuncio presidencial y
el contenido concreto del proyecto de ley, la que
pone en duda el trabajo pre legislativo realizado
por el Gobierno. A su juicio, este proceso de dis-
cusión “no sirvió de nada. En la presentación del
proyecto no se tomó postura por nadie, dejando a
la discusión parlamentaria la decisión sobre el ho-
rizonte de la reforma con unos límites delimitados
en el proyecto de ley, que no es más que un perfec-
cionamiento del sistema en sus principales déficit,
pero bajo la misma racionalidad”.
En su opinión, el proyecto viene a ordenar el siste-
ma, pero no cuestiona el paradigma actual, por lo
que resulta imposible que a través de él se reposi-
cione la educación como un derecho social y no
como un bien transable en el mercado. “La reforma
está pensada en términos del proceso de transición.
Se piensa desde lo que hay y con las modificaciones
necesarias para que mejore, pero sin situar el sistema
en un lugar distinto”, plantea enfático.
Junto con ello, Carvallo llama la atención sobre la
falta de medidas destinadas a fortalecer la educación
pública estatal, que representa sólo un 15% de la ma-
trícula en la Educación Superior y un 25% del subsis-
tema universitario -sin considerar Centros de Forma-
ción Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP)-.
Cuasi-mercado
En una línea similar se posiciona Carolina Guzmán,
experta en Educación Superior e investigadora del
Centro de Investigación Avanzada en Educación
(CIAE) de la Universidad de Chile, para quien el
proyecto, más que una reforma, representa la intro-
ducción de ciertas regulaciones por parte del Estado
del modelo actual, acercándonos más a paradigmas
como el de Estados Unidos, Reino Unido o Austra-
lia, donde “el Estado tiene un papel preponderante
en la regulación de la prestación de servicios”, por lo
que “se habla de cuasi-mercado”.
Un primer atisbo de la consolidación de este sistema,
alejado de la promesa de la educación como derecho
social, es el anuncio del grupo
Laureate International
Universities
-controlador de las universidades de Viña
del Mar, De Las Américas y Andrés Bello; del Insti-
tuto profesional AIEP, la Escuela de Negocios IEDE
y de la Escuela Moderna de Música-, que declaró ser
una empresa “con fines de lucro” en su presentación
de una oferta pública inicial en Estados Unidos, con
el fin de transar acciones en la bolsa.
Esta situación resulta preocupante para Guzmán,
quien considera que el lucro es un determinante
fundamental del mercado educacional y por ello ve
con malos ojos que el Gobierno no lo prohíba en los
CFT e IP que no adscriban a la gratuidad a partir
de 2017.
Este vacío se suma a la mantención del Crédito con
Aval del Estado (CAE) en las universidades privadas
que no participen de la gratuidad, tal como enjuicia
la diputada Camila Vallejo, integrante de la Comi-
sión de Educación de la Cámara de Diputados.
“Con la permanencia del financiamiento mediante
el CAE se mantiene la lógica del endeudamiento en
el sector que no es gratuito. Entonces, además de
subsidiar a muchas instituciones privadas mediante
la gratuidad, el resto de los jóvenes deberán seguir
asumiendo un crédito para poder estudiar”, plantea
la diputada.
En opinión de la parlamentaria, ello obedece a que
el proyecto no transforma de manera clara el mo-
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Dossier / Nº2 2016 / P.P.