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presentará en medio de las discusiones de estas se-
manas, en cambio, se avecinan dificultades. Éstas
tienen relación con las características y provoca-
ciones que han acompañado estas discusiones y
que no serán fáciles de eludir.
Estamos frente a un muy falso debate, no sólo por
el lamentable tono pre-electoralista que lo distin-
gue -con el peligro de instalar el miedo y la ilusión
del control-, ni por la aparente confrontación en-
tre derechas e izquierdas -muy discutible, por lo
demás, y casi sin contenidos, pues todos los parti-
dos poco se pronuncian sobre los procesos migra-
torios-. Es falso por estéril y prejuicioso. Existe, en
el mundo y en América Latina -y hablo desde el
plano de las obligaciones de los estados y la buena
crianza-, una arquitectura monumental a favor de
la migración internacional, no en su contra. Y en
esa visión es que considero cabe instalar el debate.
Esto se corrobora en las Naciones Unidas, en los
acuerdos de integración y en las muchas agendas
internacionales sobre derechos y desarrollo, ya
sean regionales, hemisféricas o subregionales. Le
acompañan las movilizaciones de la sociedad civil,
la organización de redes de investigadores, de mu-
jeres, de trabajadores, empresarios -por ejemplo,
bajo el enfoque tripartito- y de defensores de de-
rechos, todas iniciativas emparentadas con el ob-
jetivo común de promover y apoyar políticas que
permitan la legítima decisión de vivir, estudiar o
trabajar en otro país. Encarando la irregularidad,
la trata y el tráfico, es difícil encontrar espacio en
estas intensas actividades para la promoción del
control y la defensa de la seguridad. Casi no re-
conozco estudios donde la teorización migratoria
esté basada en esos preceptos. Los estados acaban
de comprometer esfuerzos por una agenda de
desarrollo sostenible al 2030, donde se incluyen
varias metas sobre la protección de las personas
migrantes. Más recientemente, en la Declaración
de Nueva York de septiembre de 2016 han con-
cordado la creación de un pacto global para la mi-
gración segura y regular. El ex Secretario General
de las Naciones Unidas, con ocasión del Día Inter-
nacional del Migrante, ha sido enfático:
“Cada migrante es una persona con derechos hu-
manos. La protección y la defensa de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos
los migrantes, cualquiera sea su situación, es un
elemento fundacional de la Declaración de Nue-
va York. Para ello, necesitamos una mayor coo-
peración internacional entre los países de origen,
tránsito y destino, que se rija por el derecho y
las normas internacionales. Debemos rechazar la
intolerancia, la discriminación y las políticas im-
pulsadas por una retórica xenófoba y que busca
convertir en chivos expiatorios a los migrantes.
Quienes abusen de los migrantes e intenten cau-
sarles daño deben rendir cuentas de sus actos”.
Me permito recordar que la arquitectura del de-
recho internacional de los derechos humanos ha
dado lugar a sendos tratados vinculantes que Chi-
le ha ratificado. El Estado se obliga a cumplirlos e
informa a sus órganos sobre la implementación de
los mismos. Chile ya lo hizo hace unos años en el
“Confieso que he leído varias columnas de opinión en diarios y
revistas, que he escuchado a representantes de oposición y del
Gobierno, y me cuesta seguirlos. Unos entraban en la agilidad
de las expulsiones, otros en el servicio militar. Como si no se
tratara de personas, a las y los migrantes se les defiende por
tener más escolaridad que la población chilena o, en último
extremo, por ser niños, niñas o adolescentes”.
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Dossier / Nº4 2017 / P.P.