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misma filosofía en que se apoya la doctrina judeo-cristiana acerca del arrepentimiento, el
perdón y la reconciliación.
Pero la penitencia, a nivel societal, se traduce en justicia criminal. No obstante, la
evaluación que hizo el gobierno chileno de la situación lo condujo a concluir que había que
dar prioridad a la revelación de la verdad, la que se consideró un imperativo insoslayable. No
se dejaría de lado el hacer justicia, sino que se la buscaría en la medida de lo posible. Ciertas
formas de justicia, distintas del procesamiento de los crímenes del pasado, como, por ejemplo,
reivindicar a las víctimas e indemnizar a sus familiares, se podrían cumplir más cabalmente.
El supuesto subyacente (que yo comparto) era que si, en las condiciones de Chile, se
atribuyera la misma importancia a la verdad y a la justicia, bien podría ocurrir que no se
obtuviera ninguna de las dos; porque, temerosas de que las iniciativas dirigidas a establecer la
verdad oficialmente fueran el primer paso hacia un enjuiciamiento de carácter general, las
fuerzas armadas se habrían opuesto resueltamente a dichas iniciativas, desde un comienzo.
La verdad se veía como un valor absoluto e irrenunciable, por muchas razones. Para
poder disponer medidas de reparación y prevención, hay que conocer claramente qué es lo que
se debe reparar y prevenir. Más aún, la sociedad no puede tachar sin más un capítulo de su
historia, no puede negar los hechos de su pasado, por diferentes que puedan ser las maneras de
interpretarlos. El vacío se llenaría inevitablemente de mentiras o de versiones confusas y
contradictorias. La unidad de una nación depende de una identidad compartida y ésta, a su
vez, depende en gran medida de una memoria compartida. La verdad trae también cierta
medida de saludable catarsis social y ayuda a impedir que el pasado se repita. Además, sacar
los hechos a la luz es, en cierto modo, una forma de castigo -si bien tenue- en la medida en que
provoca la censura de la sociedad contra los culpables o contra las instituciones o grupos a los
cuales aquéllos pertenecían. Y aún cuando la verdad no puede de por sí hacer justicia, sí pone
fin a muchas injusticias que se venían perpetuando: no devuelve la vida a los muertos, pero sí
los saca del silencio; más aún, para las familias de los desaparecidos, la verdad acerca de su
destino significaría, por fin, el término de una búsqueda angustiosa e interminable.
Para que la verdad logre estos propósitos, lo ideal es que se establezca con toda la
solemnidad y formalidad que sea posible, y de una manera que merezca amplio
reconocimiento por objetiva y rigurosa. Debe cubrir todos los hechos pertinentes que susciten
dudas, discusión o incredulidad en el público, además de todos los antecedentes y
circunstancias necesarios para comprender por qué y cómo esos hechos llegaron a acontecer.
Con el fin de establecer la verdad, el Presidente Aylwin nombró a la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación, una mesa de ocho personas pertenecientes a todo el
espectro político. Fuera de garantizar amplia credibilidad, el número par de sus integrantes
envió una señal que no pasó inadvertida para los observadores políticos, en el sentido de que
no se tomaba ninguna precaución para asegurar un voto mayoritario en caso de que las
opiniones estuvieran divididas, que el ejercicio se emprendía de buena fe y que la materia era
demasiado importante para darle un tratamiento partidista. En el hecho, la Comisión presentó
un informe unánime, en todas sus partes.
