11
legales, institucionales y educacionales dirigidas a destacar la promoción y protección de los
derechos humanos.
En un discurso transmitido por televisión abierta, el Presidente Aylwin presentó las
conclusiones de la Comisión y, en su calidad de Jefe del Estado, pidió perdón por los crímenes
cometidos por sus agentes.
El informe de la Comisión se publicó en Chile y fue objeto de amplia difusión y
discusión en el país. El Congreso tiene en estudio un proyecto de ley que dispone
reparaciones para las familias de las víctimas y pone en vigencia muchas otras
recomendaciones de la Comisión.
La controversia en torno al informe, incluyendo refutaciones públicas del general
Pinochet y del Comandante en Jefe de la Armada, se centró principalmente en sus
interpretaciones históricas u otras referencias contextuales. No se ha impugnado ninguna de
las conclusiones del informe, en cuanto a víctimas individuales. Al contrario, en todo el
espectro político se ha reconocido explícitamente que esas conclusiones constituyen la verdad.
El informe tuvo límites autoimpuestos. En él no se nombra a los culpables, pero sí se
indica, en cada caso, que el victimario fue agente del Estado (o pertenecía a un grupo de
oposición, según el caso); se señala la rama y la unidad respectiva de las fuerzas armadas o el
grupo político responsable del crimen, pero traspasa a los tribunales de justicia todos los
antecedentes precisos que adjudican responsabilidad criminal a personas determinadas.
Nombrar a los culpables por intermedio de una comisión oficial nombrada por el Ejecutivo,
desprovista de facultades de citación, que no llevaba adelante un juicio ni podía hacerlo,
hubiera sido análogo a acusar públicamente a personas fuera del debido proceso.
La Comisión declaró estar convencida de que los desaparecidos estaban muertos, pero,
por su carencia de facultades de citar a personas a comparecer ante ella, sólo en una minoría
de los casos pudo proporcionar antecedentes precisos acerca de los restos mortales. La
Comisión propuso que se creara un organismo que ayudara a los familiares en su búsqueda.
La política global del gobierno de Chile está sometida a otras limitaciones. Los
procesamientos han quedado drásticamente impedidos debido a una Ley de Amnistía que el
régimen militar aprobó en 1978, cuyo efecto es la impunidad por las violaciones de los
derechos humanos cometidas entre 1973, el año del golpe de estado, y 1978. Este lapso fue el
peor: la represión estaba bajo el control de la DINA, la temida policía secreta del régimen, que
acostumbraba efectuar desapariciones de manera sistemática. La Corte Suprema ha sostenido
la validez de esta amnistía ilegal. No obstante, un crimen importante quedó exceptuado de
aquella amnistía: el asesinato del ex embajador de Chile en los Estados Unidos, Orlando
Letelier, y su colega Ronni Moffitt, ciudadana estadounidense, en septiembre de 1976, en las
calles de Washington D.C., por medio de la activación de una bomba colocada debajo del
automóvil de Letelier. Chile se negó a extraditar a Estados Unidos al jefe de la DINA y a uno
de sus subordinados, que eran requeridos por ese país para someterlos a juicio por este crimen;
posteriormente, los tribunales militares chilenos siguieron una investigación superficial que
duró varios años y no condujo a nada. Sin embargo, debido a las últimas reformas legales, el
caso pasó a la jurisdicción de la justicia civil. Hace algunas semanas, un juez especial,
