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afirmar que, en años recientes, las normas de derechos humanos han alcanzado una aceptación
indiscutida, cruzando fronteras y divisiones religiosas o políticas. Hoy este tema se asocia
fuertemente con las instituciones de un régimen democrático y goza de un amplio
reconocimiento como la cuestión predominante de ética política en nuestro tiempo.
Sí, ha habido progreso. Más aún, se podría decir tal vez que ha llegado a su término
todo un capítulo de la historia de los derechos humanos como causa internacional. No cabe,
sin embargo, la complacencia. Las violaciones de los derechos humanos, si bien han
disminuido en muchos lugares, en otros persisten o vuelven a estallar, hecho que nos recuerda
que el carácter indiscutible de los preceptos nunca ha garantizado, de por sí, que las
violaciones vayan a cesar. Además, los propios cambios políticos que han contribuido a
reforzar la idea de los derechos humanos a nivel mundial, han acarreado desafíos políticos y
éticos nuevos, lo que sirve para recordarnos que el rasgo característico de las verdaderas
soluciones es que plantean problemas inéditos.
Dos problemas nuevos se han destacado últimamente en el campo de los derechos
humanos.
El primero está relacionado con la protección de los derechos humanos en diversas
situaciones de conflicto armado y violencia política. En términos más precisos, se refiere a la
promoción de los que podríamos denominar, genéricamente, principios básicos de la conducta
humanitaria, para hacer valer sobre esa base la responsabilidad de todos los actores políticos
por igual: tanto de gobiernos como de grupos de oposición; tanto de quienes gobiernan como
de quienes procuran llegar al gobierno.
Hace unos diez o doce años, la transgresión típica que ocupaba a los activistas de
derechos humanos era la cometida por algún gobierno dictatorial que pisoteaba los derechos
de los opositores pacíficos. Hoy, tanto los gobiernos como los grupos armados no
gubernamentales cometen la mayoría de las atrocidades, en un contexto (o bajo el pretexto) de
guerra convencional, resistencia armada contra la ocupación, guerra civil, campañas de
insurgencia o de contrainsurgencia, y violencia separatista, religiosa u otras formas semejantes
de violencia interétnica o intercomunitaria.
Desde hace largo tiempo, la intervención humanitaria en los conflictos armados ha sido
campo de competencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero su labor adolece de
limitaciones inherentes tanto al tipo de conflictos en los cuales puede intervenir como al tipo
de actuaciones que puede emprender. En los últimos tiempos, las organizaciones de derechos
humanos también se han visto llevadas, a menudo con renuencia, a concentrarse en situaciones
de conflicto armado. A medida que su trabajo las empujaba cada vez más a ocuparse de
situaciones políticas confusas, marcadas por la violencia generalizada, dichas organizaciones
comprobaron que ya no era posible la simple aplicación del antiguo marco conceptual de los
derechos humanos. Resultaba difícil hacer denuncias claras sobre los hechos, más aún sobre
responsabilidades. En una situación de concurrencia de atrocidades de distinta clase, a veces
interrelacionadas y cometidas por diversos actores, resultaba artificial procurar extraer
solamente aquellos hechos que podrían calzar con el concepto de una violación de los
derechos humanos cometida por un gobierno, en su estricta connotación tradicional.
