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la desmoralización consiguiente le impidió lograr la cohesión necesaria para oponerse al
enjuiciamiento de algunos de sus líderes (o aun, tal vez, de abrigar el verdadero deseo de
hacerlo). Las organizaciones de derechos humanos tuvieron que hacer frente, no tanto a la
inacción, como a la posible arbitrariedad de las medidas de justicia que se tomaban.
No obstante, luego de los cambios políticos posteriores que tuvieron lugar en los años
ochenta, quedó en claro todo el conjunto de dificultades éticas, legales y políticas relacionadas
con algunos de las transiciones de la dictadura a la democracia. En ciertos países, como
Argentina, Uruguay y Filipinas, reconocidos por sus abusos contra los derechos humanos, un
gobierno elegido por votación popular vino a reemplazar el anterior régimen dictatorial. A
estos cambios pronto siguieron otros y, por último, el precipitoso proceso de liberalización
política que hemos presenciado en los últimos años en Europa Oriental y en muchas regiones
del mundo. La atención de las organizaciones de derechos humanos comenzó entonces a
concentrarse, no sólo en la posibilidad de juicios injustos o de castigos arbitrarios por
acusaciones de crímenes cometidos en el pasado, sino en la efectiva probabilidad de la
impunidad.
El ejemplo más connotado, al comienzo y a mediados de los años ochenta, fue el muy
difundido caso de Argentina. El gobierno de Alfonsín, que llegó al poder en 1983, sometió a
juicio a los jefes de las juntas militares anteriores. También publicó un informe titulado
“Nunca Más”, obra de una comisión presidencial nombrada para investigar miles de casos de
desapariciones políticas durante el período de gobierno militar. Tal como ocurrió en Grecia,
las fuerzas armadas argentinas habían sido humilladas fuera del territorio continental por una
potencia extranjera. Esto facilitó el proceso de enjuiciar a sus principales jefes, pero, a medida
que el ejército recobraba su cohesión y determinación, resultaba más difícil hacer justicia por
las violaciones de los derechos humanos en el pasado. Más tarde, bajo fuerte presión militar,
el gobierno de Alfonsín juzgó necesario echar pie atrás y adoptar medidas de indulgencia.
Este proceder debilitó su postura inicial, fundada firmemente en convicciones éticas, y socavó
la autoridad de su gobierno. Si bien no cabe duda que el Presidente Alfonsín actuó con las
mejores intenciones y que su política exhibe ciertos logros notables, el resultado indica que se
jugó por una posición que al final no pudo sostener.
En la época del proceso argentino, la visión de la mayoría de las organizaciones de
derechos humanos y de los observadores internacionales se vio influenciada, en gran medida,
por el legado ético y jurídico que dejó el caso señero de nuestra época: los juicios de
Nüremberg y Tokio, así como las medidas punitivas que adoptaron algunos países europeos
contra los criminales de guerra. En consecuencia, destacaron el deber que impone la
conciencia de la humanidad y diversas normas de Derecho Internacional, en el sentido de
llevar a juicio y castigar ciertos crímenes, y la necesidad de tales medidas para conservar la
memoria colectiva y establecer un disuasivo eficaz. La aplicación de dicha política a
criminales de guerra, aun varias décadas después de terminada la Segunda Guerra Mundial,
contribuyó aún más, a grabar ese modelo en la conciencia de la opinión pública internacional.
En consecuencia, al seguir los acontecimientos en Argentina, las organizaciones de
derechos humanos aplaudieron los juicios y lamentaron la indulgencia posterior. Con base en
un modelo ético diferente, la esencia de la crítica podría haber sido la misma, pero el punto
medular es que el modelo en sí no fue el más apropiado.
