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(c) Algunos opositores del régimen dictatorial depuesto también recurrieron a la
violencia, a veces contra objetivos inocentes, o violaron las reglas básicas de la conducta
humana. La culpabilidad de estas personas, a causa de dichos actos de resistencia, puede
servir a los partidarios del régimen anterior para presionar a favor de una amnistía general o la
impunidad de los agentes de la dictadura.
(d) Divisiones étnicas, religiosas o nacionalistas conspiran contra la posibilidad de
adoptar una política que sea aceptada generalmente como equitativa e imparcial.
Es en tales circunstancias tan cambiantes y complejas, que los líderes políticos deben
responder al llamado a actuar con responsabilidad. Como no hay directrices preestablecidas
que asienten sus actos, tienen que actuar de acuerdo a su buen criterio.
La responsabilidad también exige que se tome en cuenta los logros y fracasos de otros
países que han enfrentado desafíos parecidos. Y esto nos trae a la experiencia reciente del
gobierno democrático en Chile.
Cuando el Presidente Aylwin asumió el mando, en marzo de 1990, Chile fue el último,
entre los países del Cono Sur gobernados por dictaduras de corte semejante, en lograr la
restauración de la democracia. Dudoso privilegio que, sin embargo, dio a los políticos
chilenos la oportunidad de aprender a partir del ejemplo de sus vecinos así como de los
acontecimientos mundiales de fines de los años ochenta. Todavía es muy temprano para sacar
conclusiones en cuanto a que se haya aprovechado dicho aprendizaje en la mejor forma
posible, pero es indudable que el gobierno de Chile ha procurado guiarse por la ética de la
responsabilidad, con resultados, hasta aquí, prometedores.
A diferencia de Argentina, en Chile la transición se llevó a cabo de acuerdo con reglas
del juego negociadas y con unas fuerzas armadas unidas, no vencidas, que siguieron gozando
de un importante, aunque minoritario, apoyo político. A pesar de dicha diferencia, el caso
argentino fue muy decidor para los chilenos. En él se probó la importancia de un esfuerzo
sistemático para revelar la verdad. También demostró en qué medida pierde autoridad un
gobierno que despierta expectativas que no es capaz de cumplir.
La transición uruguaya se realizó en condiciones más parecidas a las de Chile, pero el
gobierno del Uruguay adoptó un enfoque demasiado cauteloso que evitó no sólo los juicios
por crímenes del gobierno militar, sino también una revelación oficial cabal de la verdad
relativa a las violaciones pasadas. La oposición ciudadana a esta actitud desembocó en una
campaña nacional de recolección de firmas. Más de 25 por ciento de los votantes inscritos
firmaron. Así, la campaña logró cumplir el requisito constitucional de llamar a plebiscito para
decidir mantener o derogar la ley que concedía impunidad. En último término, el voto de la
mayoría estuvo a favor de conservarla. El asunto dividió a la opinión pública y concentró la
atención del país durante años.
El gobierno de Aylwin adoptó la postura de que los objetivos globales de las políticas
relativas a las pasadas violaciones de los derechos humanos debían ser la reparación y la
prevención. Enderezar un entuerto y resolver que no se volverá a cometer es, en el fondo, la
