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Nº 9 julio 2015 / El Paracaídas
Editorial
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a petición del nuevo ministro Secretario General de la Presidencia,
Nicolás Eyzaguirre, y tras la solicitud de uno de los partidos que conforman la coalición de gobierno, la DC, decidió
postergar para los primeros días de agosto la votación del proyecto de ley que despenaliza el aborto.
El proyecto en cuestión no contenía ninguna medida excepcional: aborto terapéutico a partir de tres causales que en
la mayoría de los países del mundo resultan obvias. Porque una violación, un feto inviable o el peligro de vida de la
madre ya no constituyen tema de debate no solo fuera de nuestras fronteras sino para una parte importante de nuestra
sociedad, que así lo ha expresado en encuestas como la Cadem, que señala la que el 71 por ciento de los chilenos está
de acuerdo con el proyecto.
Pero el veto de una minoría que cierra la posibilidad de instaurar una política pública que elimine las desigualdades y
riesgos que condenan cada año a miles de mujeres pobres a abortar en condiciones precarias resulta no solo un insulto
a las mujeres chilenas sino a toda una sociedad que exige ampliar los límites de sus derechos políticos y sociales, acota-
dos desde hace décadas en nombre de una transición pactada y de un modelo económico cuya fortaleza radica en una
sociedad sumisa y despolitizada.
Este veto se impuso con la naturalidad de quienes han arbitrado los sueños y demandas de todo un país, obviando que
hoy, en el escenario de crisis y desconfianzas, el castigo puede traspasar los límites de sus propias tiendas para golpear
con fuerza las estructuras mismas del sistema político e institucional vigentes.
Se trata de una señal que no sólo elude el pulso de la calle, sino que tal como señalaron más de mil mujeres de la Uni-
versidad de Chile en el manifiesto “Por el derecho a decidir”, en el marco del Coloquio “Parir las Hablas”, ignora que
la mujer chilena hoy detenta menos derechos que el 94 por ciento de las mujeres en edad reproductiva del planeta; que
nuestro país está en deuda frente a experiencias positivas de nuestra región, como Uruguay,México DF,Guyana y Cuba.
El derecho a veto de quienes fueron elegidos para impulsar políticas públicas adhiriendo a un programa presidencial que
transparentó desde la campaña electoral la intención de legislar en torno a temas como la despenalización del aborto
con causales acotadas, ejemplifica el doble discurso que a estas alturas la ciudadanía condena en todos los ámbitos.
Pero el objetivo de estas líneas no es abordar la ceguera política o el ejercicio gatopardista del poder, sino simplemente
recordar que hace poco, cientos de mujeres de la Chile, académicas, funcionarias no académicas y estudiantes de una
universidad laica y plural como la nuestra, dijeron –dijimos- que “reafirmamos nuestro compromiso de luchar para que
más temprano que tarde en Chile las mujeres tengan asegurado el derecho a decidir sobre su cuerpo, su libertad en torno
a su sexualidad y su autonomía respecto a la maternidad”.
Todo esto, sin derecho a veto.
DERECHO A VETO
Por Faride Zeran