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odrigo Villablanca, líder de la comunidad diaguita
Sierra de Huachacán, en la parte alta del Valle del
Huasco, región de Atacama, dice que en la cuenca
del valle el derecho al agua se ha sobreotorgado
más de tres veces la cantidad que trae el río; en Copiapó
esa cifra asciende a ocho.
-Eso ha generado, evidentemente, que el río se seque, como
es el caso del río Loa o el río en Putaendo, que no existe hace
seis años- asegura.
La lucha de Villablanca es por evitar el olvido de un derecho
fundamental que en el país funciona a medias: en Chile, el Có-
digo de Aguas de 1981 lo considera un bien social, pero también
económico. Es el Estado quien concede el derecho de aprove-
chamiento del agua a los privados, gratuita y perpetuamente.
Frente a esa legislación, para qué hablar sobre una planifi-
cación de utilización del recurso de manera estratégica. El
panorama es similar para los derechos sindicales, la vivienda
y los derechos de los pueblos indígenas. Ninguno está garan-
tizado en la Constitución de 1980. Otros, como el derecho a
la educación y la salud, están garantizados sólo en parte.
En educación, por ejemplo, se asegura la posibilidad de elegir
entre el sistema público y el privado, pero nada se dice de la
calidad o del acceso preferente que debieran tener los secto-
res más vulnerables. “Queda a medio morir saltando el de-
recho, que es justamente una de las cosas que han levantado
los estudiantes en los últimos años. La calidad de ese derecho
y el derecho de todas las personas a acceder en igualdad de
oportunidades”, sostiene Lorena Fries, Directora del Institu-
to Nacional de Derechos Humanos, INDH.
Una Constitución elaborada en dictadura, sin participación
ciudadana, ni democrática. En Chile, nunca un proceso cons-
tituyente ha sido soberano o deliberante. Frente a este anun-
cio presidencial, el país se juega la oportunidad de contar por
primera vez con una Constitución legítima.
CIUDADANÍA RESTRINGIDA
La historia constitucional chilena es poco alentadora. Todas
las constituciones, “desde los reglamentos constitucionales de
la Patria Vieja hasta la constitución actual, han sido fruto de
los consensos en el seno de las elites dirigentes, de la clase
dominante y la elite política”, dice Sergio Grez Toso, histo-
riador, académico de la Facultad de Filosofía y Humanida-
des de la Universidad de Chile y miembro del Foro por una
Asamblea Constituyente.
Las tres constituciones más importantes, explica Grez Toso,
de 1833, 1925 y 1980, han sido elaboradas en un contexto
“de ciudadanía restringida por sufragio censitario, exclusión
de mujeres y de los analfabetos, persecución y proscripción
política, además de imposición de la fuerza militar”
A la fecha, la carta fundamental de 1980 ha tenido más
de 190 indicaciones que no han modificado su esencia, la
conformación de un Estado subsidiario. “Un traje hecho a
la medida del modelo neoliberal que no ha cambiado desde
1989”, remarca Grez.
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El Paracaídas / Nº 9 julio 2015