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a tono con otras leyes de identidad de
género de América Latina, como la de
Argentina y Uruguay, al reconocer la
identidad de género como un derecho
en general, más holístico, no solamente
el cambio de nombre y de sexo”, afirma.
Pese a ello, se sigue manteniendo la ló-
gica binaria de hombre o mujer como
únicas categorías de sexo registral, lo que
otros países como Alemania ya han re-
suelto con la posibilidad de inscribir un
tercer sexo ni masculino ni femenino.
Una de las mayores preocupaciones para
Fabiola Lathrop es que se logre ingresar
la indicación que modifica la entidad
competente para realizar la solicitud de
cambio de nombre y sexo que, tal como
se presentó el proyecto, serían los Tri-
bunales de Familia. Lo que la abogada
plantea, al igual que gran parte de las
organizaciones transgénero, es que
se reemplace por el Registro Ci-
vil, es decir, por vía administra-
tiva en vez de judicial.
El argumento es muy sim-
ple, si la identidad de gé-
nero es un derecho, “el Es-
tado tiene que estar lo más
ausente posible. El cambio
de tu nombre y de tu sexo no
tiene por qué pasar por un juez,
salvo cuando se trata de niños”,
postula la Doctora en Derecho.
Andrés Rivera, abogado consultor in-
ternacional en Derechos Humanos y
activista trans, fue uno de los redac-
tores del proyecto de ley. A su juicio,
el proceso avanzó considerablemente
mientras era presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos el senador
Manuel Antonio Matta (DC), hasta
diciembre del año pasado. Sin embar-
go, al llegar a ese puesto la senadora
(UDI) Jacqueline Van Rysselberghe
su tramitación se ha dilatado. “Ella ha
manifestado públicamente que las per-
sonas trans son raras y es abiertamente
contraria al proyecto”, asegura Rivera.
Fabiola Lathrop comenta que cuando
fue invitada a la Comisión de Derechos
Humanos a exponer, Van Rysselbergue
no era parte de la comisión y fue de
oyente y opinó. “Ella es muy contraria y
tiene una especial fijación por este pro-
yecto”, asegura. De hecho, de las 149 in-
dicaciones que se han ingresado hasta el
1 de junio para realizar modificaciones
al proyecto, la primera de ellas corres-
ponde a la solicitud de la senadora de
suprimir el Artículo 1°, que reconoce el
derecho a la identidad de género.
Según explican los abogados, si no exis-
te la voluntad directa del Ejecutivo, si la
presidenta Bachelet no pone urgencia o
suma urgencia al proyecto de ley, es fa-
cultad de la presidenta de la comisión, la
senadora Van Rysselberghe, ponerlo en
tabla o no. En ese sentido, para Andrés
Rivera, la mención de la presidenta el 21
de mayo de estar “trabajando en indica-
ciones” no es una señal de compromiso.
Paula Dinamarca es protagonista de
la premiada película nacional “Naomi
Campbell”, codirigida por Nicolás Vi-
dela y Camila José Donoso. La cinta,
una mezcla de documental y ficción,
aborda la vida de una mujer transexual,
personaje de Paula, que acude a un
casting de televisión de un programa
de cirugías plásticas como la única al-
ternativa para obtener su operación de
cambio de sexo.
Para Paula, la Ley de Identidad de Gé-
nero es una demanda “tremendamente
sentida”. Gracias a ella, “la masa va a
empezar a absorber que nosotras ya te-
nemos reguladas nuestras identidades y
eso nos va a llevar a un cambio cultural,
a un respeto y a una despatologización
de la transexualidad”. Por lo pronto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Senado amplió el plazo para
presentar indicaciones al proyec-
to de ley, por sexta vez, hasta el
24 de junio.
LA PUNTA DE
LANZA PARA LA CHILE
Todos y todas las entrevistadas
de este reportaje coinciden en
que el cambio cultural que la so-
ciedad requiere pasa por la educa-
ción en sus distintos niveles, en el mo-
delo de sociedad que se construye desde
las
aulas.Undebate ausente en la reforma
a la educación que se centra en la calidad
medida a través de las cuestionadas prue-
bas estandarizadas. Mara Villarroel, sin
querer, se convirtió en “la punta de lanza”
para el Departamento de Estudios Pe-
dagógicos (DEP), de la Facultad de Fi-
losofía y Humanidades, donde también
estudia para ser profesora.
Adrián Baeza, encargado de la formación
especializada en lenguaje y coordinador
de prácticas que trabajó directamente con
En el DEP no conocían
los aspectos legales en torno
al uso de su nombre social, no había
antecedentes previos ni información al respecto.
“Institucionalmente la Universidad de Chile
no se había planteado esto antes. Esto será
un aprendizaje para todos nosotros”,
afirma Adrián Baeza.
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El Paracaídas / Nº 8 junio 2015