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El Paracaídas / Nº 1 septiembre 2014
Páez señala que, a su juicio, la principal razón para este des-
pojo tenía que ver con que “la dictadura requería aulas que no
estuvieran formando personas que tuvieran la capacidad de
deliberar, reflexionar, participar, ser ciudadanos. Cuando hay
una formación de ese tipo, evidentemente eso puede molestar
a un poder que se constituye como autoritario. Ellos necesi-
taban que la ciudadanía no estuviera pensando en por qué se
estaban haciendo las cosas”, sentencia.
Con eso concuerda Rodrigo Roco, ex Presidente de la FECH
y actual asesor de gabinete del ministerio de Educación, quien
explica que la extirpación del Instituto Pedagógico se debió,
entre otras causas, “a una visión político ideológica muy con-
creta, que buscaba facilitar el control sobre el profesorado,
el cual era identificado como parte de la difusión de ideas
marxistas entre la juventud”. Según Roco, “el aislamiento de
la formación docente del resto de la Universidad le daría a
esta, según los militares, “un carácter más específico, orienta-
do exclusivamente a la instrucción y a los valores que buscaba
promover la dictadura”.
Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación
Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, dice que
“a los militares les parecía que la Universidad era muy grande,
muy caótica y con mucha gente. Lo que hacen los militares
es disfrazar una especie de ánimo anti Universidad de Chile,
porque esta era un componente relevante de la alianza social
del régimen nacional popular. La Universidad era el núcleo
de la izquierda. Yo diría que no hay un ensañamiento contra
los profesores, pero sí contra la unidad nacional, que es lo que
representaba la Universidad”.
En efecto, el despojo del Instituto Pedagógico fue sólo una de las
medidas que la dictadura tomó en el verano de 1981 y que debi-
litaron al plantel público. El 3 de enero de ese año había entrado
en vigencia el DFL 1, que separaba a la Universidad de Chile
de sus sedes regionales y que, a la vez, fomentaba la creación de
universidades privadas. Otros cuerpos legales, como el DFL 4
de ese mismo año, disminuirían en los años siguientes el aporte
del Estado a sus universidades, llegando en 1985 al 50 por ciento
del aporte fiscal correspondiente al año 1980. “La desregulación
de todo el sistema empezó ahí y la gente que lo impulsó lo sabía
y lo quería”, sentencia María Eugenia Horvitz.
En un artículo publicado por la Revista Anales de la Uni-
versidad de Chile el 2012, Carlos Hunneus resume este des-
mantelamiento: “mientras el ‘gremialismo’ lograba que el go-
bierno respaldara a la UC para que creciera y llegara a tener
un tamaño que le permitiera tener un rol de liderazgo en la
educación superior, con la Universidad de Chile los nuevos
gobernantes se propusieron reducir su tamaño para que de-
jara de ser un actor dominante en la educación superior, la
investigación científica y el desarrollo cultural del país”. La
suerte de la educación superior pública estaba echada.
El 17 de febrero de 1981, a través del DFL 7, el Instituto
Pedagógico se convertiría en la Academia Superior de Ciencias
Pedagógicas de Santiago, lo que le quitaba su rango de institu-
ción universitaria y convertía la carrera docente en una técnica.
LA CHILE SIN “EL PEDA”
María Eugenia Horvitz reflexiona que hasta el día de hoy la
separación del Instituto Pedagógico es “una pérdida irrepara-
ble” no sólo para la Universidad de Chile, sino también para
el estatus de los profesores. “Separar tempranamente las sedes
de la Universidad es un daño, obligar al autofinanciamiento es
otro daño. Pero lo del Instituto Pedagógico tiene que ver con
el destino de lo que estamos viviendo en este instante. Es decir,
sacar la formación de profesores de la universidad más com-
pleta,más competente,más abierta que tenía el país, fue grave.”
El año 1985 la Academia Superior de Ciencias Pedagógi-
cas de Santiago recuperaría su carácter universitario, pasan-
do a llamarse Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UMCE), pero sólo en 1990 alcanzaría la validez
de sus títulos profesionales. Por su parte, recién en 1993 la
Universidad de Chile retomaría, lentamente, la formación
de docentes, con la creación del Programa de Investigación
en Estudios Pedagógicos, actual Departamento de Estudios
Pedagógicos. Pero la deuda sigue.
El 7 de septiembre de 2000, a raíz de una profunda crisis en
la UMCE que sumaba 102 días de paralización, la ministra de
Educación de la época,Mariana Aylwin,anunciaba que “el Peda”
sería traspasado a la Universidad de Chile, debido a que no tenía
la capacidad de funcionar como una institución autónoma. En
la Casa de Bello y en la UMCE esta decisión produjo apoyo
entusiasta y expectación, pero también rechazo. Si bien algunos
creían que “el mencionado traspaso es un hecho de decisiva im-
portancia, no sólo para el presente y futuro de ambas institucio-
nes”, como señalaba una declaración de académicos publicada
en El Mercurio en el 2000, otros se oponían férreamente.
Iván Páez estima que en este proceso faltó generosidad. Gene-
rosidad y responsabilidad. “La UMCE tenía un proyecto que
se estaba construyendo, con sus desafíos propios, y la Universi-
dad de Chile también tenía sus propias complejidades, como el
