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Nº 1 septiembre 2014 / El Paracaídas
Las deudas de la justicia chilena a
propósito del fallo de la CIDH
EN EL MES DE LA PATRIA, REPENSAR NUESTRO ESTADO
En el sistema judicial chileno
recae la mayor responsabilidad
de tomar esta condena como un
punto de inflexión que permita
desnudar los juicios y prejuicios
de nuestra sociedad.
Por Claudio Millacura Salas*
L
a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condenó por unanimidad al Estado de Chile por su
errada política de criminalización del pueblo mapuche,
a partir del caso de Aniceto Norin, Pascual Pichun, Victor
Ancalaf, Juan y Florencio Marileo, José Huenchunao, Juan
Millacheo y Patricia Troncoso. La CIDH declaró por unani-
midad que el Estado de Chile violó el derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, los derechos políticos y el derecho a
la protección de la familia. Con esto evidenció que las conde-
nas en contra de los ocho implicados fueron arbitrarias e in-
compatibles con la Convención Interamericana de Derechos
Humanos. ¿Qué vieron los jueces de la CIDH que los jueces
nacionales fueron incapaces de ver?
Desde el siglo XVI se ha buscado
el sometimiento del araucano (hoy
mapuche), con el fin de consolidar
nuevas relaciones de dominación
bajo la idea de inferioridad del
indio; concepto que se consolidó
en la segunda mitad del siglo XIX
con la imagen del araucano como
un impedimento para el desarrollo
del joven país. Esto permitió que sus
autoridades políticas se abocaran a la
tarea de civilizar al indio y despojarlo de sus territorios para
consolidar las fronteras de la república. El camino a seguir
fue construido bajo los parámetros eurocentristas que el
gobierno reclamaba como propios en oposición a la barbarie
del araucano.Como el indio se opuso al proceso civilizador, se
construyó entonces una verdadera ideología de la ocupación
y la agresión, de fuerte contenido anti indigenista que
adelantó y legitimó la acción del Estado-Nación. El mismo
que en pleno siglo XXI se niega a la posibilidad de incluir
a su población indígena dentro de los beneficiados por la
* Doctor en Historia mención Etnohistoria, Universidad de Chile.
implementación de políticas diferenciadas que promuevan
su fortalecimiento, su autonomía y una mejor participación
democrática so pretexto de que lo anterior atenta contra de la
unidad nacional. Un buen ejemplo de esto es la aplicación de
la Ley Antiterrorista contra del mapuche. De lo que estamos
hablando es de la incapacidad del hombre de aceptar a un
otro distinto.
En el sistema judicial chileno recae la mayor responsabilidad
de tomar esta condena como un punto de inflexión que
permita desnudar los juicios y prejuicios de nuestra sociedad,
asumiendo que el actuar de la justicia en una comunidad
crea la ilusión de que el modelo de justicia
fuera a-histórico. Lo naturaliza, cuando
la historia de la relación entre pueblos
indígenas y Estado-Nación nos muestra
precisamente lo contrario. Justicia, no
meros actos jurídicos es lo que demandan
los pueblos indígenas. Menos fiscales y
ex fiscales ocupando los editoriales de la
prensa justificando u ocultando su racismo.
En este escenario los medios de
comunicación son invitados a dejar de
actuar como cajas de resonancia de los
grupos económicos que insisten en montar una escenografía
en donde el mapuche es violentista. Si lo hicieron en el siglo
XIX y en el siglo XX, hoy no tienen excusa. El silencio de los
medios de comunicación respecto de la inocencia de los ayer
culpables, solo perpetúa el dolor de un significativo número
de familias mapuche y no mapuche que no encuentran
empatía hacia su dolor. Nadie pide que se sea afín con su
lucha. Lo que se exige es que se sientan identificados con
su inocencia. Sin justicia para el pueblo mapuche no habrá
justicia para el pueblo chileno. Así de simple, así de complejo.
