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“La asamblea constituyente
es la manera adecuada para tener una
Constitución. Frente a este tema hay mucho fetichismo. Algunos creen
que una asamblea constituyente es sinónimo de la decapitación de la
Revolución Francesa y la verdad es que no tiene nada que ver”.
El abogado Davor Harasic cumplió recientemente un
año como Decano de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Chile, donde ejerce como profesor desde 1986.
Una de sus tareas en el decanato ha sido generar un inten-
so debate sobre una nueva Constitución. Para él, la actual
Carta Fundamental tiene un vicio de origen -al ser dise-
ñada y promulgada en dictadura- que debe ser reparado
con un proceso amplio y participativo que decante en una
asamblea constituyente. “El proceso social para que exista
una nueva Constitución no lo detiene nadie. Ahora, el me-
canismo impulsado por este Gobierno no va a cumplir con
ese propósito”, dice.
¿Por qué el actual proceso constituyente es limitado en
ese objetivo?
Mi impresión es que el Gobierno se vio sobrepasado
por la demanda ciudadana y quiso enfrentarla quebrando
la menor cantidad de huevos. Entonces, anunció un pro-
ceso que va a concluir supuestamente en el próximo go-
bierno. Es una manera insuficiente de asumir una nueva
Constitución. No ha encantado a la gente. Las personas
no han participado en el proceso de forma mayoritaria a
objeto de plasmar sus pretensiones.
Una de las críticas es que ha sido un proceso elitista,
reducido a los grupos más acomodados…
Obvio. El Gobierno ha tratado de satisfacer la de-
manda por una nueva Constitución en la medida de lo
posible. De todos modos, la discusión en torno a este
tema ha sido rica y demuestra que se puede tener una
nueva Carta Fundamental.
¿Es posible una asamblea constituyente para esta nueva
Constitución?
Desde mi punto de vista, la asamblea constituyente es
la manera adecuada para tener una Constitución. Frente a
este tema hay mucho fetichismo. Algunos creen que una
asamblea constituyente es sinónimo de la decapitación de
la Revolución Francesa y la verdad es que no tiene nada
que ver. Este mecanismo es la forma apropiada para que los
ciudadanos nos expresemos sobre una nueva Constitución.
Es mucho más válida que un simple plebiscito. Son dos
mecanismos posibles y se debe debatir sobre ellos, pero no
cabe la menor duda de que existe consciencia social sobre la
ilegitimidad de la actual Constitución. Por eso, la Facultad
de Derecho se ha involucrado en esta discusión. Tuvimos
60 especialistas el año pasado -de la A a la Z, ideológica-
mente- y nadie estuvo en contra de una nueva Constitu-
ción. Nosotros no estamos elaborando el nuevo texto cons-
titucional, porque eso sería arrogarnos un rol que no nos
corresponde, pero queremos encauzar este debate.
¿La ilegitimidad de la actual Constitución se cruza con la
crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto?
Más allá de la ilegitimidad de esta Constitución, existe
una deslegitimidad institucional. Ninguna institución se li-
bra de la mala percepción ciudadana. Es cosa de ver el des-
crédito de los partidos políticos. Esto no se soluciona par-
tiendo de cero, sino que con una institucionalidad distinta.
Uno de los hechos que ha producido esta desconfianza
hacia las instituciones es la oscura relación entre dinero
y política ¿Cómo se regula desde el derecho esta relación?
El derecho encauza determinadas situaciones. En Chi-
le, durante muchos años, se financió la política de un modo
que hoy no es aceptable. Ahora los ciudadanos queremos
que nuestros políticos se financien de otro modo. En este
contexto, lo único que puede hacer el derecho es encauzar
ese proceso. El derecho no cambia las estructuras, no cam-
bia la sociedad. Es la sociedad la que cambia y el derecho le
da la forma a ese cambio.
Al participar de este tipo de discusiones, ¿no se “politi-
za” la Universidad, como algunos acusan?
No es politización. Nosotros no hemos dicho ‘debemos
conducirnos hacia una sociedad de mercado, o socialista, o
solidaria’. Hemos escuchado a los expertos de todos los sec-
tores. Por lo tanto, no es una politización de carácter ideoló-
gico. Pero sí defendemos una ‘politización’ que sea servir al
país, porque como universidad pública tenemos ese deber.
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P.P. / Nº2 2016