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3.2. No discriminación:
La corrupción tiene estrechos vínculos con la discriminación. Por una parte, la
corrupción suele desviar recursos públicos, lo que provoca una administración y distribución de bienes y
servicios arbitraria o discriminatoria. Por otra parte, la corrupción impacta más intensamente en quienes sufren
de discriminación por su raza, sexo, origen étnico o nacional, orientación sexual, opinión política, condición
socio-económica, entre otras causas. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación ocupa un lugar
central en el DIDH. Es una obligación general para los Estados, que no admite norma en contrario y que es de
exigibilidad inmediata.
3.3. Transparencia y acceso a la información:
En lamedida en que los gobiernos, las empresas y organizaciones
divulguen antecedentes sobre sus reglas, planes, procesos y actividades, se reduce el espacio para arreglos
corruptos. Lo mismo ocurre si se facilita el acceso público a esa información, puesto que las instituciones de
supervisión y la ciudadanía podrán escrutar a dichas entidades. El DIDH protege el acceso a la información
pública, como parte del derecho a la libertad de expresión. El acceso a información completa, actualizada y
comprensible es, además, un presupuesto para el ejercicio de otros derechos. La información supone poder y
las estrategias de transparencia pueden incidir en la distribución y en las relaciones de poder.
3.4. Rendición de cuentas:
Quienes ejercen el poder que les ha sido delegado tienen el deber de explicar y
justificar sus acciones, exponiéndose incluso a sanciones si incumplen sus deberes.
20
Quienes ejercen funciones
públicas deben responder ante aquellos que, habiéndoles confiado ese poder, resultan afectados por sus
actividades. De ese modo es posible prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Según el DIDH, los Estados
deben responsabilizarse por sus violaciones a los derechos humanos. El derecho a un recurso efectivo, en tanto
mecanismo para reclamar de la vulneración de un derecho y obtener reparación, puede ser utilizado como
una forma de rendición de cuentas. Cuando los recursos judiciales dispuestos por el Estado se han agotado,
son ilusorios, inadecuados o impracticables, el DIDH contempla mecanismos globales y regionales de rendición
de cuentas. Entre estos últimos se encuentra el SIDH. Una de las razones por la que los recursos judiciales del
Estado pueden ser ilusorios o impracticables es la existencia de corrupción en la administración de justicia. La
corrupción es uno de los factores que contribuyen a la impunidad de las violaciones de derechos humanos.
21
4.
¿Por qué proteger a los(as) denunciantes de corrupción?
Por dos grandes razones. Primero, porque la información que revelan estas personas tiene un significativo valor y utilidad para la
vida pública. Ella impulsa la rendición de cuentas y refuerza la transparencia en la gestión interna de las organizaciones. Quienes
denuncian actos de corrupción activan alertas para adoptar medidas y subsanar posibles irregularidades o abusos. Segundo,
porque los(as) denunciantes y sus familias suelen enfrentar
diversas formas de represalias por atreverse a entregar esta
información.
Estas represalias van desde el aislamiento o reproche social, las amenazas u hostigamientos dentro o fuera
del lugar de trabajo, desmejora de las condiciones laborales, traslados injustificados, despido, marginación de un campo de
trabajo, persecución o silenciamiento mediante investigaciones y sanciones administrativas, acciones civiles o penales, perjuicios
a sus bienes, e incluso ataques a la integridad y a la vida. Estas situaciones ponen en peligro o vulneran los derechos de los(as)
denunciantes y sus familias, a la vez que dañan los intereses de la comunidad.
20
ONU, Goetz, A.M. y Jenkins, R.,
Voice, Accountability and Human Development: the emergence of a New Agenda
, Human Development Report Office,
2002, pp. 4-5.
21
ONU,
Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados
, Gabriela Knaul, A/65/274, 10 de agosto de 2010,
párr. 44- 45.
