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II. CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS: ÁMBITOS DE CONVERGENCIA
1.
La protección de los derechos humanos y su contribución a la prevención y combate de la
corrupción
La vigencia de los derechos humanos está vinculada a la democracia, al Estado de Derecho y a los principios de buen gobierno.
En los países donde no se asegura la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la participación política en
condiciones de igualdad, o donde algunos sectores de la población se encuentran excluidos o marginados, se generan más
espacios para la corrupción y se torna más difícil que los gobiernos y las empresas rindan cuentas.
2.
Actos de corrupción que conllevan la violación de derechos humanos
Puesto que tanto la corrupción como las violaciones a los derechos humanos son, en esencia, formas de abuso de poder, muchos
actos de corrupción pueden vulnerar estos derechos.
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Hay prácticas de corrupción que en sí mismas constituyen una violación
de un derecho humano. Por ejemplo, el cohecho que se entrega a un juez lesiona el derecho al debido proceso, por cuanto
infringe la garantía de independencia e imparcialidad. Hay casos en que la práctica de corrupción viola un derecho por denegar
acceso igualitario al mismo. Por ejemplo, si las personas deben pagar a los funcionarios de escuelas u hospitales para acceder a
la prestación del servicio, se vulnera su derecho a la educación y salud.
3.
Principios comunes
Las iniciativas anti-corrupción y el DIDH comparten la necesidad de velar por los principios de participación, no discriminación,
transparencia y acceso a la información, y rendición de cuentas.
3.1. Participación:
La participación ciudadana disminuye las oportunidades de corrupción
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y es un medio
de control beneficioso para los Estados, por cuanto permite prevenir y detectar abusos. Cuando el Estado
carece de instituciones sólidas de monitoreo o se encuentra capturado, la participación resulta aún más vital.
La participación puede frenar la perpetuación de privilegios que la corrupción asegura a los grupos de poder.
La participación ciudadana es exigible en virtud del derecho a reunirse, asociarse, expresarse, informarse y a
acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad. Al mirar la participación como un derecho, ponemos
el acento en la amplitud, profundidad y legitimidad del proceso participativo.
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Esto es, cómo involucrar a los
grupos más desaventajados y afectados por la corrupción, cómo se asegura que éstos comprendan la finalidad
de su participación, de qué modo se emplearán sus opiniones y cuál será, al final, su impacto concreto en la
toma de decisión. Y por último, de qué manera se asegura que los procesos participativos no sean cooptados
por arreglos de poder formales e informales.
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16
Ver Boersma, M., y Nelen, H. (Eds),
Corruption and Human Rights: Interdisciplinary Perspectives
, Intersentia, 2010; Consejo Internacional de
Políticas de Derechos Humanos,
La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo
, 2009; ONU, UNDP, Oslo Governance Centre,
The Impact of Corruption on the Human Rights Based Approach to Development
, 2004.
17
CICC, artículo 3 No. 11; CNUCC, artículo 13; UNODC y UNICRI,
Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption
, 2009, pp. 4-5.
18
Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos,
La Integración de los Derechos Humanos en la Agenda Combate a la Corrupción: Retos,
Posibilidades y Oportunidades
, Ginebra, 2011, pp. 2-6.
19
Los estándares internacionales sobre el derecho a consulta de los pueblos indígenas e impacto ambiental puede ofrecer directrices de especial utilidad
en materia de participación. Ver Corte IDH,
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador
, sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 177.
Según el ámbito y el tipo de prácticas
corruptas, distintos derechos podrán ser
vulnerados. Entre ellos se encuentran:
• Derechoa la igualdadynodiscriminación
• Derecho a la participación política
• Derecho al debido proceso y a las
garantías judiciales
• Derecho a un medio ambiente libre de
contaminación
• Derechos económicos sociales y
culturales, tales como: derecho a
una vivienda digna, a la salud, a la
educación, al agua, entre otros.
Para determinar si el acto de corrupción es una violación
del derecho internacional de derechos humanos, debe
analizarse:
(a) en qué consiste la acción u omisión que constituye
corrupción;
(b) quien incurre en esa conducta (agente de Estado,
particular prestando servicio público o tercero);
(c) a quién menoscaba y en qué medida conlleva la
afectación de uno de sus derechos;
(d) cuál es el contenido del derecho afectado
(e) qué medidas se tomaron para reparar a la víctima;
(f) la ocurrencia del acto de corrupción o la falta de
reparación ¿refleja el incumplimiento del Estado de
respetar, garantizar o no discriminar en el ejercicio de
los derechos? y
(g) si la conducta corrupta proviene de un particular,
¿puede ser atribuida al Estado por cuanto éste lo toleró
o facilitó, es decir, no adoptó las medidas de diligencia
para prevenir su ocurrencia y/o proteger o reparar a la
víctima?
