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Guía para la utilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
en la Protección de los Denunciantes de Actos de Corrupción
PRESENTACIÓN
A pesar que las agendas de combate a la corrupción y de protección a los derechos humanos han transitado caminos paralelos
durante largo tiempo, ambas se han ido acercando progresivamente. Varias razones justifican e impulsan esta aproximación, que
se ha ido afianzando con creciente fuerza en algunos ámbitos de la lucha contra la corrupción. Una de esas razones dice relación
con las ventajas que ofrece el uso de los estándares y mecanismos de protección de los derechos humanos en el combate de las
prácticas corruptas a nivel público y privado.
En el campo de la protección de denunciantes de corrupción, las potencialidades de una alianza con el Derecho Internacional
de Derechos Humanos (DIDH) pueden ser especialmente promisorias. Empero, esta interacción no ha sido suficientemente
explorada, especialmente, en nuestra región. Por ello, es preciso dar a conocer cómo el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH) puede complementar las regulaciones nacionales sobre protección de denunciantes, o bien abrir una vía hacia
la salvaguarda de sus derechos en los países donde aquellas regulaciones no existen. Esta necesidad es la que ha llevado al
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a trabajar en la presente guía sobre la
utilización del SIDH en la protección de los denunciantes de corrupción. A través de esta breve guía, se pretende poner a
disposición de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil, una herramienta que les permita conocer y utilizar tanto
los estándares de derechos humanos como los mecanismos del SIDH en todos aquellos casos en que los derechos humanos de
los y las denunciantes de corrupción se encuentren en riesgo o sean vulnerados.
¿Por qué emprender este esfuerzo? Porque el uso del SIDH tiene mucho que aportar en la protección de denunciantes de
corrupción. A través de los mecanismos que ofrece el SIDH, puede promoverse, por ejemplo, cambios a nivel de política pública
e institucionalidad en materia de protección de denunciantes. También puede darse mayor visibilidad a este tema, favoreciendo
su incorporación en foros nacionales e internacionales. Asimismo, las víctimas de actos de represalia que vulneran sus derechos
pueden obtener justicia y reparaciones cuando ello no ha sido proporcionado por su Estado.
Sin embargo, debe advertirse que la utilización del SIDH no está exento de limitaciones. Y esta guía también permite identificarlas.
Como se verá más adelante, el SIDH contempla distintos mecanismos que difieren, a su vez, en los tiempos de tramitación, los
requisitos de activación, los costos de uso, y los niveles de preparación y tecnicismos que demandan. En consecuencia, el empleo
de uno u otro deberá evaluarse a la luz de las circunstancias y posibilidades que ofrece cada caso particular. Pero esta tarea de
evaluación no puede llevarse a cabo si no se conocen los estándares sobre derechos humanos y el funcionamiento del SIDH.
Con miras a servir los propósitos enunciados, esta guía se estructura en seis partes. La primera está dedicada a clarificar algunos
conceptos elementales, incluyendo la distinción entre denunciantes y otros actores afines, tales como defensores de derechos
humanos, periodistas y testigos. La segunda parte contextualiza el contenido de la guía en el marco de la convergencia entre la
protección de los derechos humanos y el combate a la corrupción. La tercera apunta a identificar cuándo un acto de represalia
constituye una violación de derechos humanos y sobre qué bases puede atribuirse responsabilidad internacional al Estado por
ello. La cuarta parte se subdivide en dos secciones. La primera de ella sistematiza las principales recomendaciones que se han
elaborado para efectos de que los Estados desarrollen una institucionalidad de protección a los denunciantes. La segunda
sección, en tanto, se adentra en las normas y estándares internacionales sobre los derechos que son comúnmente vulnerados a
los denunciantes de corrupción. Esto último se realiza desde un enfoque práctico, centrado, principalmente, en las resoluciones
de casos por parte de los órganos del SIDH y en los precedentes sentados por éstos al realizar otras actividades. Sin perjuicio
de esto, se consideran también, a modo de referencia, algunos estándares desarrollados por otros sistemas internacionales de
protección. La quinta parte examina los mecanismos específicos del SIDH que pueden emplearse para proteger a los denunciantes
de corrupción. Esta sección se subdivide en torno a tres grandes estrategias: el uso del litigio, la solicitud de medidas urgentes
de protección y otras alternativas de incidencia. Finalmente, la guía presenta una breve conclusión.
