Palabra Pública N°18 2020 - Universidad de Chile

las personas, actúa con una amplia autonomía y desconoce su subordinación, lo que pone en tela de juicio al propio Estado, aunque por definición este tiene el monopolio de la fuerza legítima (Weber). La crisis de legitimidad económica El país tiene un sistema económico de “mercado puro”, en la tipología de Linz y Stepan (1996), que impide el desa- rrollo de una democracia moderna y estable pues no provee los bienes públicos en salud, educación y vivienda, no com- bate los monopolios y no protege a los consumidores. Ade- más, se estableció en dictadura, siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical que desmanteló al Estado empresa- rio con las privatizaciones, y al Estado de bienestar con la privatización del sistema de pensiones y la introducción de instrumentos de mercado en la educación y en la salud, entendidos como ámbitos de negocios. La función regu- ladora del Estado fue desconocida, abriendo espacio para decisiones abusivas y hasta delictivas, que pavimentaron el camino a la corrupción. Los gobiernos de la Concertación tomaron la deci- sión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coa- lición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados. Esta decisión fue comprensible durante el primer go- bierno democrático, de Patricio Aylwin (1990-1994), por las difíciles condiciones políticas imperantes, con la presen- cia de Augusto Pinochet en la arena política como coman- dante en jefe del Ejército, sus principales colaboradores en el Congreso elegidos o como senadores designados, y sin tener mayoría en la cámara alta. Sin embargo, esta ausencia de reformas estructurales del modelo de “mercado puro” no se justificó en el segundo gobierno democrático de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994- 2000) y menos aún cuando la izquierda volvió a La Moneda con Ricardo Lagos (2000-2006), el primer presidente socia- lista después de Salvador Allende. No se impulsaron cambios institucionales al sistema económico guiados por otro para- digma –la economía mixta o una economía social de mer- cado, como la de Alemania–, sino que se hicieron reformas parciales que no alteraron su arquitectura institucional. Reformar el sistema de pensiones para recuperar la legitimidad La solidaridad es un valor indispensable para enfren- tar los desafíos del planeta, como el cambio climático y la protección del medio ambiente. Más aún, para abordar la pandemia del Covid-19. Más allá de los graves errores co- metidos por el presidente Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, las instrucciones de la autoridad sanitaria a la ciudadanía no han conseguido sus objetivos porque chocaron con el individualismo que prevalece en la socie- dad, el cual es reforzado por las AFP, un sistema que nació en los 80 y que se basa en las cotizaciones individuales del trabajador para reunir fondos que financien su jubilación. Los empresarios no aportan a la pensión, a diferencia de muchos otros países. Se apoya en supuestos teóricos que nunca ocurrieron: salarios dignos y un mercado laboral que incentive la estabilidad del empleo de los trabajadores. El cambio del sistema de pensiones es urgente y nece- sario para que los trabajadores tengan una expectativa de jubilaciones dignas, ya que, además, el carácter individua- lista de las AFP responde a un argumento ideológico: en la sociedad hay individuos, no comunidades. Cada uno labra su propio futuro. Este fundamento contradice un componente central de la democracia, que es la existen- cia de adhesiones y vínculos sociales entre organizaciones, grupos y estratos sociales que dan cohesión a la sociedad y son un pilar primordial de la democracia: estas relaciones existen en una comunidad cuando predominan valores de solidaridad y cooperación. Debe llevarse a cabo con otro paradigma, en torno a la solidaridad y no al individualismo, con un papel activo del Estado, que no debe subvencionar a las AFP con los recursos de todos los chilenos. La solidaridad permitiría re- solver la crisis del sistema de pensiones y constituye un pilar fundamental para enfrentar la doble crisis de legitimidad a través de cambios en el sistema económico que instauren otro paradigma, y transformaciones institucionales que fa- ciliten llegar a una democracia soberana, con gobiernos que enfrenten las limitaciones y carencias del sistema económi- co, entre las cuales destaca la desigualdad. CARLOS HUNEEUS Cientista político con estudios en la Universidad de Chile y la Universidad de Essex, Inglaterra. Es Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la de Chile y fue director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). “Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados”. 67