Palabra Pública N°18 2020 - Universidad de Chile

L a doble crisis de legitimidad que vive hoy el país tiene una larga historia que es necesario recordar, pero que se puso de relieve a partir del 18 de oc- tubre cuando, seguido al salto masivo del torni- quete que hicieron los secundarios como protesta por el alza del pasaje de Metro, la ciudadanía si- guió manifestando su malestar por otros tantos problemas. Los altos costos de la educación, los servicios de salud y los medicamentos, las bajas pensiones que entrega- ban las AFP, los abusos de casas comerciales y la colusión de precios por parte de grandes empresas situadas en diversos sectores –farmacias, pollos, papel higiénico y pañales–, todos ellos de alto consumo masivo. Los manifestantes marcharon por las prin- cipales plazas y avenidas del país. No portaron banderas de los partidos de oposición y tam- poco participaron en las movilizaciones de dirigentes o parlamentarios opositores, lo que ratifica el alejamiento de los partidos respecto de la ciudadanía, su debilidad y la baja confianza de esta en las instituciones y élites políticas. En tanto, el gobierno no supo responder ni encauzar estas demandas, a pesar de contar con todos los resortes institucionales para hacerlo. Tras la chispa inicial del lla- mado “estallido social”, en lugar de prevenir y evitar la violencia y el vandalismo previsibles se limitó a reaccionar después. El presidente Sebastián Piñera declaró el Estado de Emergencia y sacó a los militares a las calles por primera vez desde la dictadura. No abordó ni buscó aplacar las cau- sas de fondo de las manifestaciones y declaró una “guerra” contra “un enemigo poderoso e implacable”, convencido, como también sus ministros y asesores más cercanos, de que el país retornaría a la normalidad en dos o tres meses. Después, Carabineros reprimió en forma indiscriminada, sin diferenciar entre manifestantes pacíficos y vándalos. Piñera, finalmente, se allanó a respaldar un acuerdo po- lítico que tiene como fin cambiar la Constitución de 1980 –considerada ilegítima al haberse instaurado en dictadura y hoy entendida como el freno institucional a las demandas de cambio– por una nueva Carta Magna que interprete los valores e intereses de todos los chilenos y no sólo los de quienes la concibieron hace 40 años. Debido a los efectos del Covid-19, el plebiscito para una nueva Constitución se postergó para el 25 de octubre de este año. La pande- mia “rescató” a Piñera del estallido social, pero cayó al poco tiempo en otra crisis más profunda todavía, sanitaria, eco- nómica y social. En pocos meses, Chile ha pasado a ser uno de los países del mundo con mayor número de contagios y fallecidos por millón de habitantes debido a la pandemia. La crisis de legitimidad política La caída de la participación electoral, el debilitamien- to y fragmentación de los partidos y la baja confianza de los ciudadanos en las instituciones son reflejo de la crisis actual que vivimos. En ese contexto, el presidente, como institución y persona, tiene bastante responsabilidad. Pi- ñera es débil porque fue elegido en segunda vuelta por una minoría del electorado (26,5% del padrón electoral, con una votación del 49,1% de este); tiene minoría además en las dos ramas del Congreso Nacional y una baja aprobación en las encuestas. Piñera no es un político que tenga las ha- bilidades de quienes lo han precedido, a pesar de que hoy es presidente por segunda oportunidad (2010-2014 y 2018- 2022) y antes fue senador (1990-1998). Es, más bien, un exitoso hombre de negocios del sector financiero –uno de los billonarios chilenos según la revista Forbes–, que actúa en política a partir de su experiencia en el sector privado y no como un hombre de Estado. Por otro lado, los mismos partidos se han debilitado como organización. Tienen hoy un número reducido de afiliados, la mayoría de ellos funcionarios públicos (gobier- no central o municipal), y ha caído su capacidad de partici- par en el gobierno. Carecen de programas que convoquen a los electores y no cuentan con profesionales con creden- ciales y sin conflictos de interés para ocupar los puestos del Ejecutivo, un fenómeno que deteriora la calidad de la ges- tión pública y abre camino a malas prácticas, especialmente al clientelismo, el patronazgo y la corrupción. En 2014, el fiscal Carlos Gajardo develó el financiamien- to ilegal de campañas y políticos al revisar la contabilidad del grupo económico Penta. La Fiscalía sumó a otras –como SQM y Corpesca, del grupo Angelini, uno de los tres prin- cipales del país– que favorecieron a numerosos candidatos, especialmente de derecha, y a los candidatos presidenciales de 2009 y 2013. Todo esto terminó por agravar la descon- fianza de la ciudadanía en las instituciones y la élite política. Este fenómeno de desconfianza se extiende a los tribu- nales de justicia, el Parlamento, la Iglesia Católica, Carabi- neros y el Ejército. Esto último es un hecho relativamente reciente, como consecuencia de los casos de corrupción ( Pacogate y Milicogate ), la violencia y las prácticas de obs- trucción a la justicia en la región de La Araucanía y durante “el estallido social”. La violencia de Carabineros puso de re- lieve la fragilidad del Estado de derecho. La fuerza pública no respeta el orden jurídico, la vida y la integridad física de Chile se encuentra inmerso en una coyuntura crítica como nunca antes en su historia, como consecuencia de las debilidades y carencias del sistema político y del sistema económico. Simultáneamente, ambos enfrentan una crisis de legitimidad que limita las capacidades institucionales, políticas y sociales para responder a los gigantescos desafíos impuestos por la pandemia del Coronavirus. POR CARLOS HUNEEUS 66