Palabra Pública N°18 2020 - Universidad de Chile

a las altas rentas, que son progresivos. Las razones de esto son ideológicas y de economía política, basadas en el empeño de los políticos por proteger los intereses de las élites. Con una explotación casi sin res- tricciones de los recursos naturales re- novables, el deterioro medioambiental se intensificó. La población ha presio- nado su control y el gobierno ha imple- mentado algunas medidas regulatorias para mitigar parte de las más nefastas consecuencias de la creciente toxicidad ambiental. Esto, a la larga, también ha hecho aumentar los costos de produc- ción de los sectores más dependientes de estos recursos. El crecimiento eco- nómico tan aplaudido no era sosteni- ble y, peor aún, generó una deuda am- biental que continúa pendiente. La miniaturización del Estado ge- neró un desbalance entre la creciente oferta de bienes privados y la lenta expansión de bienes sociales y públi- cos que sólo el Estado puede ofrecer, como educación, salud, vivienda so- cial, protección social, pensiones, in- versión en tecnología y otros, lo que aumentó la vulnerabilidad social. Este desequilibrio generó que las clases medias y bajas aumentaran sus niveles de consumo, en parte vía endeuda- miento, con el riesgo de caer nueva- mente en la pobreza al no existir una red de protección social frente a shocks que puedan afectar su capacidad de generar ingresos. Solamente una pequeñísima frac- ción de la población, los súper ricos, han disfrutado de la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico. Lo cierto es que el 1% más rico se lleva alrededor del 30% del ingreso total, lo cual representa la más alta concentra- ción del ingreso entre todos los países para los cuales esta participación se ha medido. Así, el aparente crecimiento económico no fue, tampoco, social- mente sustentable. Las consecuencias de la manera en que se ha implementado el modelo son varias. Entre ellas está un sistema de salud pública (del que depende casi el 80% de la población) que ha sido muy deficitario en proveer los servicios más esenciales y una educación pública de bajísimo nivel, que tiene como base la forzada migración desde la educación pública municipal a colegios parti- culares subvencionados, el alto costo de la educación terciaria y la falta de regulación de la educación privada. A esto se suma un sistema de pensiones que ha sumido en la pobreza a la ma- yor parte de la población en edad de retiro; uno de los niveles más bajos de investigación y desarrollo de los países miembros de la OCDE, que explica los bajos niveles de productividad que exhibe la economía; insuficiencia cró- nica en las políticas de vivienda social que ha causado hacinamiento y mar- ginalización geográfica y una falta de regulación y de protección medioam- biental que ha ocasionado un notable y progresivo deterioro ambiental en muchas ciudades, originando las lla- madas “zonas de sacrificio”. Por otro lado, la economía sigue siendo monopolizada en la mayor par- te de las industrias, donde dos o tres empresas tienden a concentrar más del 80% de las ventas, mientras que los tra- bajadores tienen grandes dificultades legales e institucionales que impiden una sindicalización efectiva, lo que ha causado que la tasa de sindicalización sea muy baja. Hoy alcanza a menos del 12% de la fuerza laboral. Bases para un nuevo modelo de desarrollo Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarro- llo económico inclusivo con un Estado que concentre recursos por apenas el 21% del PIB, mientras que la expe- riencia internacional muestra que los países hoy desarrollados, cuando te- nían el nivel de ingreso per cápita de Chile en la actualidad, obtenían recur- sos tributarios de más del 33% del PIB. Un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una POR RAMÓN E. LÓPEZ “Tras 30 años de democracia, Chile continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo. El Estado continúa siendo inefectivo como ente para mejorar la distribución de los ingresos y, a diferencia de casi todos los países de la OCDE, las políticas de impuestos y gasto público no han mejorado significativamente los grandes niveles de desigualdad generados en la economía privada”. 26