Palabra Pública - N°11 2018 - Universidad de Chile

medecida por la filtración de un baño. Una práctica que a falta de regulación jurídica se ha denominado simplemente “subarriendo abusivo”. Al menos 6 mil personas, según un catastro de la mu- nicipalidad de Santiago, viven bajo esta modalidad, repartidas en alrededor de 100 inmuebles. El déficit habitacional en la comuna alcanzaría las 14.405 viviendas. Yasna Contreras, académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y docente de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, asegura que el subarriendo es una figura que ha aumentado sin ningún tipo de regulación. “La política de vivienda se vincula a las exigencias en cuanto a propietario, no en la forma en que ocupan y hacen uso de ese espacio. El proceso migratorio exige que los mu- nicipios interpelen a las políticas habitacionales para que exista una responsabilidad social respecto a la mantención del inmueble. El país no se está haciendo cargo de estas prácticas abusivas”, sostiene. La municipalidad de Santiago reconoce el problema. Pero si no hay denuncia, no hay intervención. Y como la responsabilidad en este caso recae en un privado, es poco el margen de acción que les queda. La única política que ha funcionado hasta ahora es la de hechos consumados. Y, paradójicamente, son los propios incendios los que gatillan una intervención. El pasado 6 de junio un decreto de inhabitabilidad del inmueble permitió el desalo- jo de los últimos moradores de la propiedad ubicada en la calle Cienfuegos. Algunos se fueron a vivir a una casona en la calle Almirante Latorre. Otros se repartieron en comunas aledañas como Conchalí y Recoleta. La mayoría, sin embargo, optó por una nueva modalidad de habitabilidad colectiva: los galpones. A escasas cuadras de su antiguo hogar, un viejo taller mecánico fue adaptado para recibir a los damnificados. Un lugar inhós- pito, sin luz natural y piso de cemento, donde han construido pequeñas piezas con el mes de garantía que les pasó el dueño de la propiedad incendiada. Pagan hasta 180 mil pesos mensuales y ellos mismos se han encargado de edificar los baños. Las pie- zas ni siquiera tienen techo, sólo un cielo de material ligero para resguardar la intimidad. Quienes conocen el lugar describen los habitáculos como “pequeños cubos con tapas”. En el año 2011, según datos de Techo Chile, existían 28 mil familias viviendo en campamentos . Hoy el número se empinaría sobre las 40 mil, cifra similar a la del año 1985, lo que implica un retroceso de más de 30 años. P.11 Nº11 2018 / P.P.