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Socionaturales (CIVDES) y comparten académicos con el
Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2).
El resultado de este combinado es parte del proyecto de ley
que reemplazaría a la ONEMI por una nueva institucionali-
dad, denominada Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencia que podría cambiarle la cara al país a través del
diálogo entre el estado y la academia a la hora de manejar las
contingencias naturales desde su prevención, preparación, re-
acción y recuperación. “La Universidad de Chile tiene mucho
que decir al respecto”, cree el profesor Campos.
ABOGADOS PARA UN PAÍS DE CATÁSTROFES
Dentro de esas amenazas invisibles, pero inminentes, se anotan
los riesgos antrópicos o derivados de la actividad del hombre.
Sin ir más lejos, la Región Metropolitana tiene su propia geo-
grafía de la amenaza marcada por el impacto que provocaron
los aluviones en la precordillera en pleno verano 2013. Si bien el
daño material fue aislado, dejó sin agua potable a una decena de
comunas de Santiago. ¿La solución? A las empresas sanitarias
les acomoda más pagar multas o condonar deudas que invertir
en la prevención de estas vulnerabilidades, cree el Doctor (C)
en arquitectura e investigador especialista en urbanística y orde-
nación del territorio, Ricardo Tapia, la gestión actual del riesgo
entendida como prevención, emergencia y reconstrucción, des-
cuida importantes rasgos sociales en la crisis. Lo ilustra desde
una de las principales prioridades del Estado: la propiedad pri-
vada. “En un tsunami como el de Dichato, la penetración de la
inundación fue de tal magnitud que modificó completamente
la estructura de la tenencia de la tierra en esas localidades. Se
borraron los límites y otras demarcaciones”.Ahí, los bienes raí-
ces se transformaron en tierra baldía o ilegalidad, incluso.
El desborde de los ríos Copiapó y el Salado en marzo pasado
arrastró también cualquier vestigio de escrituras de terreno
Fotos: Juan Vargas Torres
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