8 / 48
cen una mirada machista y heteronormada de lo que sucede
en la sociedad, en donde pareciera ser que es el hombre el que
debe tomar las decisiones”.
“Echo de menos un habla femenino en la discusión. Creo que
es muy importante escuchar a las mujeres que han tenido una
situación crítica, en las que su vida ha estado en peligro porque no
se ha interrumpido un embarazo oportunamente”, a"rma Cecilia
Sepúlveda, médico y académica de la U. de Chile, quien también
se ha referido públicamente al tema de la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia “se trata de un derecho personal que
tiene que ver con las creencias más profundas de cada perso-
na que ante una orden, una situación administrativa
que les exija una determinada acción, rechazan
hacerla porque eso iría en contra de sus
convicciones”. Eso en contraposición
a lo que algunos representantes del
sector privado de la salud, como
los de la Red de Salud UC
Christus a partir de las decla-
raciones del Rector Ignacio
Sánchez, lo han planteado
“como objeción de concien-
cia institucional, sobre la que
uno puede decir desde la
manera más simple, que las
instituciones no tienen con-
ciencia”, agrega Sepúlveda.
LEY O NO LEY
La pregunta que aparece si se aprueba
la despenalización del aborto en las tres
causales planteadas por el Ejecutivo es qué vie-
ne en adelante: una apertura hacia una ley de aborto libre,
o el "n de la discusión.
“Creo que primero que nada es necesario avanzar en despe-
nalizar el aborto. Negarle ese derecho a las mujeres es algo
inhumano y totalmente retrógrado. Avanzar en esa línea es
lo principal y es posible que esto abra la discusión a ampliar
el aborto frente a otras situaciones”, dice Cecilia Sepúlveda.
Marisa Matamala es más escéptica. “Dicen que este es un pri-
mer paso, pero eso es un mito. Yo no digo que no voten este
proyecto, pero las cifras hablan por sí solas: van a quedar desde
65 mil hasta 135 mil mujeres sin derechos, haciéndose abor-
tos inseguros. No hay ciudadanía de las mujeres si no pueden
decidir sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida. La
democracia queda restringida”.
Irma Palma sostiene que la experiencia latinoamericana está
más próxima a la tesis de que esta regulación no constituiría
el comienzo de un proceso de legalización que conduciría al
aborto voluntario. “En Latinoamérica los otros gobiernos de
izquierda resultan decepcionantes. Ecuador, Nicaragua, Boli-
via, son el extremo. Los derechos reproductivos no han sido
apropiados por la izquierda política, los dirigentes hablan en su
nombre, pero lo hacen en general negando justamente
su principio: la libertad reproductiva y la auto-
nomía de las mujeres”.
Para Pamela Eguiguren la arista
más importante a defender, por
ahora, es la causal de violación.
“Si va a haber una discusión
y una falta de apoyo al pro-
yecto que implique que se
cuestione la tercera causal,
yo pre"ero que no haya ley
de aborto. En ese sentido,
yo no renuncio a hablar de
lo que Chile necesita, porque
Chile necesita hablar de abor-
to a todo evento”.
“Lo que nosotras queremos es que
las mujeres en Chile tengan el mismo
derecho que las mujeres tienen en la gran
parte de los países democráticos del mundo, que
es el derecho a decidir si continuar o no con un embarazo.
Que no se adopte una ley pensando en si en cinco o diez años
se puede cambiar por otra, sino que se adopte una regulación
que hoy día responda a las necesidades que hay en el país”,
señala Toledo.
Judith Muñoz rea"rma la idea lanzando otro número sobre la
mesa: “el 61 por ciento de las mujeres en el mundo viven en
países en los que tienen acceso al aborto y no necesariamen-
te restringidas a tres causales. A nosotros nos gustaría que se
considerara ese ejemplo”.
6
El Paracaídas / Nº 6 abril 2015
“Dicen que este es un
primer paso, pero eso es un mito.
Yo no digo que no voten este proyecto,
pero las cifras hablan por sí solas: van a
quedar desde 65 mil hasta 135 mil mujeres
sin derechos, haciéndose
abortos inseguros”, dice
Marisa Matamala.