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también en Chile”, integrado por chilenas residentes en países

donde sí se garantiza el aborto, dice que esas políticas de pla-

ni"cación familiar eran todas políticas sociales que “no tienen

nada que ver con las que se han comenzado a implementar

desde la dictadura en adelante. Lo que nosotros queremos es

que el poder legislativo en Chile bote las huellas que la dicta-

dura ha dejado en los derechos reproductivos de las chilenas”.

Tras 25 años de gobiernos democráticos la visión de la ciu-

dadanía respecto al aborto apuntó en contra de la ley vigente:

según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de

julio de 2014, sobre un 70 por ciento de los encuestados con-

sideró que el aborto debiese despenalizarse en las tres causales

planteadas por el proyecto de gobierno. De este grupo, un 20

por ciento se inclinaría por el aborto libre y un 50 por permi-

tirlo en casos puntuales.

“La normativa vigente sobre interrupción del embarazo que

lo prohíbe sin excepciones no responde al trato digno que el

Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situa-

ciones”, señaló la Presidenta Bachelet el 31 de enero de este

año al anunciar el envío del nuevo proyecto de ley sobre aborto

al parlamento.

LOS OJOS SOBRE LA LEY

“El proyecto queda un poco corto: se limita la discusión del

aborto a tres causales, como si el aborto pudiera avalarse se-

gún la causa y no según la decisión y el derecho que tienen las

mujeres de decidir por su cuerpo”, asegura Valentina Saavedra,

Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad

de Chile (FECh) y militante de Izquierda Autónoma.

Según concitan las cifras incluidas en el proyecto de ley, en pro-

medio se hospitalizan 16.510 mujeres por año con embarazos de

menos de 22 semanas que son pertenecientes a las dos primeras

causales que el proyecto autoriza. El 2012, 54 mujeres murieron

en su proceso de gestación, de las cuales el mayor porcentaje, 27,8

por ciento, corresponden a mujeres de entre 30 y 34 años.

Sobre la inviabilidad fetal, “asumiendo un número de partos

anuales de 250.000, sería alrededor de 500 casos anuales”. En

cuanto a cifras de abortos realizados a mujeres que han sido

violadas, no hay datos o"ciales ya que muchos se realizan en la

clandestinidad sumado a que no todos los delitos sexuales son

denunciados y que “la probabilidad de que una mujer quede

embarazada producto de una violación es de aproximadamente

un 10 por ciento de los casos”.

Para la psicóloga Irma Palma “cuando se argumenta que una

ley por tres causales debe ser aprobada por un fundamento

relacionado con la salud y no el género, lo hace bajo una com-

prensión que excluye la cuestión del derecho sobre el cuerpo o

al derecho reproductivo, ambos de distinto modo vinculados

a la autonomía de las mujeres. En el debate esto último se

presenta en la tensión que produce la aprobación de la causal

vinculada a la violencia sexual. Allí aparece la cuestión de la

libertad para abortar sin razón independiente de ella misma”.

La doctora y académica de la U. de Chile Andrea Slachevsky

y un grupo de casi 300 profesionales de la salud comenzaron

una campaña para convocar a sus colegas a apoyar una de-

claración en favor de la despenalización del aborto bajo las

causales propuestas por el Ejecutivo. Según Slachevsky, en el

país el aborto existe, pero “estamos dejando en función de las

capacidades de pago de cada uno o de redes sociales se solu-

cione el problema. Como colectivo encontramos fundamental

al menos despenalizar el aborto en estas tres causales, porque

mantenernos dentro de los últimos países en el mundo en que

no haya aborto terapéutico ni en caso de violación es absolu-

tamente incomprensible”.

DEBATE DE HOMBRES

La puerta de entrada del proyecto al Congreso es la Comi-

sión de Salud de la Cámara de Diputados, instancia com-

puesta por nueve hombres y cuatro mujeres. La decisión

"nal sobre la posibilidad de las chilenas a interrumpir un

embarazo quedará en manos de un parlamento conformado

La decisión final sobre la posibilidad de las chilenas a

interrumpir un embarazo quedará en manos de un parlamento

conformado en un 83 por ciento por hombres.

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El Paracaídas / Nº 6 abril 2015