Palabra Pública N°18 2020 - Universidad de Chile

ndrés (18) vivió un agitado proceso de ingreso a la educación superior: primero le tocó rendir la Prueba de Selección Universitaria en medio de las protestas en contra de ese sistema. Si bien pudo ingresar a una carrera científica en una universidad pública, no alcanzó a tener clases presenciales: el 16 de marzo, debido a la pandemia global del Covid-19, su universidad suspendió las clases y pasó comple- tamente a la modalidad en línea. “La mayoría de mis compañeros son pan- tallas negras para mí. Sólo he hablado fuera de las clases con un par, pero no conozco a ninguno”, relata. No es un problema local: en dis- tintos momentos, escuelas y univer- sidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a 1.570 mi- llones de estudiantes en 191 países. A nivel global, una de las principales preocupaciones de las autoridades universitarias tiene que ver con el financiamiento. De acuerdo a la en- cuesta de Times Higher Education Líderes de la educación: ¿dejará el Covid-19 a las universidades en la UTI?, que entrevistó a 200 líderes universitarios de 53 países en los cinco continentes, un 42% de las au- toridades teme que haya quiebras en instituciones educativas de su país. De acuerdo a la clasificación que sugiere la OCDE desde 2007, exis- ten cuatro grandes tipos de modelos de financiamiento de la educación superior. Están los países con tasas de arancel nulas o bajas y sistemas generosos de apoyo para los estudian- tes, donde se encuentran Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Sue- cia. También existen países con altas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes bien desarrollados, que corresponde al caso de Australia, Ca- nadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Países con bajas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estu- diantes de bajo desarrollo, como Aus- tralia, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Irlanda, Polonia, Portugal o España. Y países con altas tasas de arancel y sistemas de apoyo a estudiantes de bajo desarrollo, donde se encuentran Chile, Japón y Corea. Para el sociólogo Víctor Orella- na, integrante del Centro de Inves- tigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y del centro de estudios Nodo XXI, nuestro sistema universitario está en “alto riesgo”. “El sistema chileno de educación superior, a diferencia de otros en el mundo, depende mucho de los aranceles”, explica. “Los aran- celes son una porción muy relevante del financiamiento a las institucio- nes, al grado de que en algunos casos pagan el funcionamiento completo de la institución". Dificultad que hoy se expresa con toda su crudeza: de acuerdo al último Termómetro Social del Centro de Microdatos de la Facultad de Econo- mía de la Universidad de Chile, pu- blicado el 17 de junio, el 31,7% de las personas señala que algún miem- bro de la familia ha perdido su trabajo después del 16 de marzo, de ellos, casi el 80% es atribuible directamente a la pandemia, y el 13,6% como conse- cuencia indirecta. De acuerdo a algunos cálculos, las universidades del Consejo de Rectores estarían recibiendo un 8% menos de ingresos de lo proyectado previo a la pandemia, porcentaje que se distribuye en forma desigual entre las instituciones, acentuándose en algunos planteles regionales. Entre estos menores ingresos se conside- ra una inferior matrícula de primer año, menores ingresos por menor matrícula de cursos superiores, me- nos ingresos por deserción en el pri- mer semestre y también por morosi- dad en el primer semestre. Es por eso que durante mayo el Consorcio de Universidades Estata- les de Chile (CUECH) solicitó al Ministerio de Educación habilitar un nuevo periodo en el Formulario Único de Acreditación Socioeconó- mica (FUAS) que permite la postu- lación a gratuidad, becas y créditos de arancel para la educación supe- rior, y a los beneficios complemen- tarios que JUNAEB otorga a las y los alumnos, además de no conside- rar el año 2020 para el cálculo de avance curricular de la gratuidad. Paralelamente, en el Congreso se han presentado tres mociones par- lamentarias que intentan suspender el cobro de aranceles a los estudian- tes, las que no han conseguido el apoyo suficiente para convertirse en ley o están fuera de admisibilidad por involucrar gasto fiscal. Además, el Consejo de Rectores de Univer- sidades Chilenas (CRUCH) ha so- licitado al Ministerio de Educación permitir el uso efectivo de los recur- sos excedentes del Fondo Solidario y también un plan financiero de emergencia. La respuesta de las au- toridades ha sido negativa. La solicitud de abrir nuevas lí- neas de apoyo estatal a los estudian- tes tiene justificación: este año se matricularon al menos 11 mil alum- nos menos y según el Sistema Único de Admisión (SUA), durante este primer semestre hubo una fuga de nueve mil alumnos en 17 planteles. Así, como parte del paquete de medidas dirigidas a la clase media, 94