Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

—Javier, quisiera partir por lo más contingente. Eres uno de los coordinadores de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, fuiste a Quito a la audiencia públi- ca de la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (CIDH) que analizó las violaciones a los derechos humanos en Chile. ¿Cómo evalúas la respuesta de las Fuerzas Armadas y del gobierno al informe de Amnistía Internacional, que señala “que los derechos humanos se están violando en Chile a través de ataques generaliza- dos, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta?” Primero, quisiera puntualizar que la Defensoría Jurídica de la U. de Chile es, ante todo y desde un inicio, una ini- ciativa estudiantil. Respecto a lo ocurrido con el informe de Amnistía Internacional y las diversas reacciones del mundo político y castrense, creo que la situación es bien preocu- pante por distintas razones. Uno puede discutir el mérito, el contenido del informe o si se formuló de manera apre- surada, pero es fundamental entender que proviene de una organización internacional que tiene una legitimidad en el mundo de la protección de los DD.HH . que es irrefutable. Entonces, que la actitud sea, de inmediato, prácticamente de denostación del informe, es por ese solo hecho, grave. —Además, las Fuerzas Armadas se manifestaron pú- blicamente, deliberando. Javier: exacto, es bien inédito lo que acabamos de ver. —¿Cuáles son los riesgos de la negación inmediata del contenido de este tipo de informes? Ya ocurrió una vez en nuestra historia que la institucionalidad política no reaccionó a tiempo ante la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, lo que forzó a las familias de las víctimas de la dictadura a buscar justicia por su cuenta. Javier: En este tipo de circunstancias siempre aparece el riesgo de impunidad. Ese riesgo es menor, claramente, que en el período de la dictadura. Además, existe un riesgo inver- so para el propio gobierno. Con los compromisos interna- cionales asumidos por el Estado de Chile y sobre todo con el compromiso asumido a nivel de derecho penal interna- cional, mientras el gobierno se mantenga en esta política de dificultamiento de la obtención de información por parte de organizaciones internacionales, cada vez se acerca más a la posibilidad de cumplir una eventual responsabilidad penal, y eso vale para quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad y de orden, pero también vale para la autoridad política. Bárbara: hay que decir que esta es una irresponsabi- lidad bastante grave de parte del gobierno, ya que es un deber internacional adquirido por la ratificación de todos los tratados que ya hemos firmado en Chile sobre DD.HH . Hace un par de semanas vimos cuál fue la presentación del Estado de Chile ante la CIDH y bueno, fue un papel bas- tante vergonzoso. —Entrando en el proceso constituyente anunciado por el mundo político, ¿podrían decirnos qué significa la aprobación del texto constitucional con acuerdos de dos tercios y hoja en blanco? Se los pregunto porque inicialmente nos convencimos de que esto implicaba partir desde cero, lo que esta semana ha sido refutado por, entre otros, el senador Andrés Allamand. Javier: Los dos tercios tienen mala prensa para los dos lados porque, como quórum para una reforma constitucio- nal, operan efectivamente como un cerrojo. Pero eso cambia radicalmente cuando se trabaja sobre una hoja en blanco, porque cuando esto ocurre, y eso es lo que Allamand está tratando de desfigurar, por así decirlo, aquello que no alcanza los dos tercios, no entra a la Constitución. La trampa de Alla- mand es decir que ahí permanece lo estipulado en la Cons- titución anterior. Pero si uno lee el acuerdo completo se da cuenta de que no es necesario que exista una regla que diga 94