Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

mueve en señal de sorpresa, de indig- nación. “El Estado condena cualquier delito, abuso, arbitrariedad o acción que pudiese representar una infrac- ción de derechos humanos. (…). En Chile operan las instituciones del Estado de Derecho para investigar, juzgar y eventualmente sancionar cualquier ilícito”, dice Hernán Sa- linas, representante de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en los primeros minutos de su intervención. Lo que no sabía Sali- nas es que el miércoles 13 de noviem- bre, sólo dos días después de la au- diencia en Quito, se filtraría un audio del general director de Carabineros, Mario Rozas, en el que aseguraba a un grupo de suboficiales que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen”. En agosto de 2013 Chile se alis- taba para conmemorar los 40 años del golpe de Estado. Por primera vez desde el retorno a la democracia, un gobernante de derecha ocupaba el sillón presidencial. En ese contexto, Sebastián Piñera quiso dar una señal clara de moderación y desmarque de los sectores más vinculados a la dic- tadura: además de sostener que los altos mandos de las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, Piñera responsabilizó a los “cómplices pasivos que sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber”. Sólo un mes después, el presidente anunciaba el cierre definitivo del Penal Cordillera, el recinto carcelario que al- bergó, en condiciones “cinco estrellas”, a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. Pese a estos gestos políticos, durante la transición el nega- cionismo pasó a ser una práctica ins- titucionalizada, según Manuel Gue- rrero, académico de la Universidad de Chile, quien ha señalado: “si primero se trataba de la negación del derecho a la vida de un conjunto de sujetos que estaban calificados como grupo po- tencialmente peligroso, en el período posdictatorial hay una extensión sim- bólica en el plano discursivo y judicial de lo que fue esta práctica material du- rante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. *** Es el momento más esperado de la audiencia. Luego de escuchar a las tres partes, la CIDH comenta sus primeras impresiones. El comisiona- do y relator para Chile, Luis Ernesto Vargas, se mantiene tranquilo, pero apunta directamente al Estado. Acusa que desde febrero de 2018, previo al inicio del segundo mandato de Piñe- ra, no ha tenido respuestas de los fun- cionarios de gobierno presentes para continuar trabajando en conjunto. Y algo que le preocupa más: las versio- 33