Palabra Pública - N°13 2019 - Universidad de Chile

producir nuevas desigualdades que no son posibles de enfrentar únicamente con los mecanismos clásicos de redistribución estatal (que, por lo demás, están bastante debilitados). Como han sugerido intelec- tuales como Zygmunt Bauman o Anthony Atkinson, una solución de mediano plazo podría ser el ingreso básico asegurado por el Estado, pero cuyos límites se encuentran en una nación cada vez más desdibujada. Una preocupación adicional que emerge con la in- dustria de datos es el poder político que les otorga el control de estos. No sólo porque los convierten en mo- nopolios de materia prima, sino porque manejan in- formación sensible para los mercados y la ciudadanía. Esto último se relaciona no sólo con la posibilidad de que instituciones estatales de vigilancia accedan a to- dos nuestros movimientos, afectando derechos civiles elementales (por ejemplo, Amazon ya colabora con la CIA en herramientas de reconocimiento visual), sino que también con el desarrollo de técnicas de segmen- tación de la población capaces de corroer profunda- mente los sistemas democráticos. Conocido es el caso de Cambridge Analytica que, mediante publicidad hipersegmentada y noticias falsas en Facebook, influyó en el voto de millones de personas en el referéndum del Brexit, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos o Brasil. Por supuesto, no es la única ni la principal explicación del estado actual de la política, pero tanto grandes empresas como los propios Estados pueden utilizarlas para condicionar dramáticamente la democracia. Ahora bien, pedirles a las grandes cor- poraciones que protejan nuestra privacidad y dismi- nuyan la vigilancia que ejercen sobre nuestra vida es básicamente pedirles que cierren su negocio. Por ende, resulta clave que las instituciones estatales regulen esta industria en relación con el acceso y uso que hacen de nuestra información. La regulación de la industria de datos será insu- ficiente. En términos de largo plazo, serán la acción del Estado, la ampliación de lo público y de la propia democracia las que permitirán un futuro alternativo. Como han sugerido los intelectuales reunidos en tor- no al Manifiesto Aceleracionista, puede ser un buen momento para pensar y diseñar una industria pública de datos en que las instituciones estatales de vigilancia no tengan acceso. Tal como señaló Mariana Mazzu- cato, esto permitiría volcar el carácter innovador del Estado hacia la producción y prestación de servicios públicos digitales, el uso racional y democrático del conocimiento producido y de los y las profesionales que formamos para llevar adelante este tipo de polí- ticas, así como evitar los trabajos pesados o rutinarios en beneficio de las mayorías o pensar en redistribuir los excedentes públicos de esta nueva producción para así combatir las desigualdades. Esto obligaría a repensar, entre otras cuestiones, el papel de la educa- ción pública y de sus instituciones en relación con el modelo de desarrollo vigente. En definitiva, se abre un abanico de posibilidades que depende mucho menos de la confianza que le tengamos a las iniciati- vas corporativas y mucho más de la construcción de instituciones públicas sometidas a rigurosos controles democráticos de la ciudadanía. Aún estamos a tiem- po para tomar decisiones que cambien el rumbo de un futuro que todavía no está escrito. “La regulación de la industria de datos será insuficiente. En términos de largo plazo, serán la acción del Estado, la ampliación de lo público y de la propia democracia las que permitirán un futuro alternativo”. 63 DOSSIER