Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

9 N OTA METODOLÓGICA El presente documento constituye la primera parte de un trabajo de tres, sobre políticas públicas de (i) verdad y memoria, (ii) justicia y (iii) reparaciones. Las tres partes que compondrán este estudio sobre políticas públicas en el campo mencionado deben ser finalmente leídas e interpretadas en conjunto, para comprender adecuadamente cómo estos procesos históricos –y cada iniciativa del Estado- se relacionan entre sí, determinándose y/o complementándose, según sea el caso. Las políticas públicas de verdad, memoria, reparaciones y justicia forman parte de un conjunto de medidas estrechamente vinculadas y en torno al mismo objetivo final de hacer justicia en un sentido profundo, por lo tanto, no es posible separarlas como si fueran categorías estancas. A su vez, consideramos que por razones prácticas era posible realizar esta división artificial y momentánea entre políticas de verdad y memoria, de reparaciones y de justicia. Esta división es, entonces, sólo un modo transitorio de organizar el universo disponible de políticas públicas en este campo y no una propuesta de entender dichas iniciativas como conceptual o políticamente separables. Como explica José Zalaquett, “la búsqueda de la justicia en relación con los crímenes del pasado tiene varias dimensiones. Una de ellas es la vindicación de la memoria y el buen nombre de las víctimas. Una segunda dimensión es la necesidad de indemnizar a las familias de las víctimas. Una tercera es el procesamiento y castigo de los culpables o la imposición de otras sanciones, como por ejemplo la inhabilitación para ocupar cargos públicos” 3 . En esta primera parte se identificaron y compilaron aquellas políticas públicas de verdad y memoria que tuvieran como propósito principal construir una narración oficial de los hechos ocurridos –específicamente respecto a las violaciones a los derechos humanos durante las últimas dictaduras militares y los conflictos armados-, por ejemplo, generando información o reivindicando la dignidad de las víctimas, así como promoviendo “formas de memoria” sobre esos hechos. Así, se identificaron políticas públicas de siete países, desde el comienzo de la transición a la democracia en cada país hasta diciembre de 2009, a nivel nacional, regional o local en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 3 ZALAQUETT, José. “Procesos de Transición a la Democracia y Políticas de Derechos Humanos en América Latina”, Ob. Cit., pág. 6.